El Gobierno de Cuba ha anunciado este jueves la flexibilización de las normas vigentes para la importación y comercialización de vehículos por parte de los ciudadanos. El Consejo de Ministros, reunido ayer en La Habana, decidió acabar con las “cartas de autorización” emitidas por el Ministerio de Transporte para la compra de automóviles de segunda mano al Estado, un mecanismo implementado en octubre de 2011 como parte de un plan de desmontaje paulatino de las regulaciones. Las nuevas normas jurídicas serán publicadas en los próximos días en la Gaceta Oficial.
De momento, el diario oficial Granma adelantó que, por efecto de esta decisión “se libera la venta minorista de motos, autos, paneles, camionetas y microbuses, nuevos y de segunda mano, para las personas naturales cubanas y extranjeras residentes en el país, así como para las personas jurídicas extranjeras y el cuerpo diplomático”.
La venta liberada, continúa la nota del diario, “se irá implementando de manera gradual y paulatina, y en ella tendrán prioridad quienes actualmente posean cartas de autorización”. Los precios serán semejantes a los que hasta ahora reconoce el mercado entre particulares.
El Gobierno de Raúl Castro ha llegado a esta decisión tras convencerse de que el mecanismo de las cartas de autorización era “inadecuado y obsoleto” y como tantas otras medidas de control vigentes en Cuba, fomentaba a la corrupción y los mercados paralelos.
“La baja disponibilidad de autos, la restricción de esta facilidad a un reducido grupo de categorías ocupacionales seleccionadas y la existencia de otro mercado que vende a precios varias veces mayores que los de la empresa comercializadora establecida, generaron inconformidad, insatisfacción y, en no pocos casos, condujeron a que este mecanismo, además de burocrático, se convirtiera en una fuente de especulación y enriquecimiento”, señala la nota informativa del Granma.
De acuerdo a datos del Registro Nacional de Vehículos citados por el diario, alrededor del 30% de los automóviles vendidos por el Estado en 2012 a través de las comercializadoras cambió de propietario poco tiempo después, “lo cual indica que ese procedimiento administrativo motivó que algunas personas se sirvieran de él para obtener ingresos adicionales”; las cartas de autorización para comprar se vendían incluso a través de Internet. En cambio, la compra-venta de vehículos usados entre personas naturales era más fluida.
La autorización estatal, sin embargo, seguirá siendo un requisito para la importación directa de vehículos de motor nuevos y de segunda mano por parte de las empresas importadoras autorizadas y del cuerpo diplomático. También seguirán vigentes las regulaciones establecidas previamente para el traspaso de propiedad entre particulares nacionales y extranjeros, y la prohibición en la venta de vehículos por parte de personas jurídicas, cubanas o extranjeras, a personas naturales.
Adicionalmente, el diario Granma informó acerca de la decisión de extender los plazos para el traspaso de propiedad de los vehículos que pertenecían a quienes salieron definitivamente del país antes de octubre de 2011 –cuando entraron en vigor las primeras reformas contenidas en el Decreto 292–, de modo que los ciudadanos puedan concluir los trámites de esta naturaleza que desde entonces están en proceso.
“Con estas normas jurídicas se dan pasos adicionales para eliminar restricciones que con el tiempo perdieron su razón de ser; con ellas desaparecen trabas administrativas que dejaban espacio a la ilegalidad; y se fomenta una nueva fuente de ingreso para el desarrollo del transporte público, lo cual es una prioridad del Estado cubano”, ha celebrado el Granma, pues el dinero líquido que recaude el Gobierno por estas ventas irá a parar a un fondo “destinado especialmente al desarrollo del transporte público en todo el país”.
