Continuo con la puesta sobre la mesa de algunos temas puntuales, que en mi percepción, deben ser objeto de reflexión y de consideración impostergable en los próximos meses.
Lo que le hemos aguantado a Tibisay Lucena, y a las demás señoras del CNE en los recientes procesos electorales, ya pasó de ser un abuso a ser francamente ridículo. En cualquier país civilizado, si el poder electoral tiene como política jugar a ser monito de Toshogu (no veo, no hablo, no oigo) con el inmenso ventajismo oficial y con el inclemente y delictivo uso y abuso de los medios y de los recursos públicos para favorecer las posturas electorales, en este caso la del madurismo, se encuentra de frente y sin cortapisas con una poderosa muralla ciudadana que sencillamente no le deja hacer ni ser más. Basta ver la forma en la que Lucena presentó los recientes resultados electorales, y el cinismo y mutismo con los que afrontan cualquier queja válida que se les plantee, para darse cuenta de que el nuestro es un Poder Electoral que sólo sirve al gobierno, pero no a la ciudadanía. Todos los rectores tienen ya, desde hace rato, sus períodos vencidos, así que tenemos una oportunidad dorada para hacer del logro de un CNE equilibrado y justo un objetivo medular para los próximos meses. De nada nos va a servir consolidar liderazgos y hacer política seria, más allá de lo electoral, en los tiempos venir si cuando nos vuelva a tocar participar en elecciones seguimos atados a un CNE dirigido por gente sumisa al gobierno a la que no le interesa más que mantenerse donde está y ponerle las cosas difíciles a todo el que no sea del PSUV. Esa batalla se da principalmente en la AN, pero también, pacífica y contundentemente, en la calle. Todos debemos aportar nuestro esfuerzo para el CNE deje de ser un títere que sólo se ocupa de lo que al poder le interesa.
Los medios de comunicación
El cerco a la libertad de expresión, doloroso como sea, ha rendido al poder sus frutos. En las pasadas elecciones del 8D se permitió a los candidatos maduristas toda suerte de triquiñuelas para hacer proselitismo político, absolutamente prohibido por la ley, incluso el mismo día de la elección. En contrapartida, a los candidatos opositores, en casi todos los medios públicos y privados, se les censuró. Particularmente negativos fueron los casos de Globovisión y de algunos medios digitales, que conveniencias políticas mediante, dejaron de lado toda objetividad y se dedicaron con denuedo a ser promotores y publicistas de las opciones maduristas. Cuando en tiempos pasados el oficialismo más radical acusaba a Globovisión de estar “al servicio del imperio” o de “la burguesía”, no dudó en mandar a sus seguidores, que no eran “corderitos pacifistas” por cierto, a protestar ante la sede del canal. No pido que la oposición recurra a las mismas violencias, pues no creo en éstas como medios de reivindicación política, pero no estaría de más hacerle sentir a estos nuevos apéndices del Ministerio Propagandista oficial, en paz eso sí, pero con contundencia e inteligencia, que deben acatar la Constitución y ser equilibrados y justos en la transmisión de la información ¿No somos quienes nos oponemos políticamente a Maduro la mitad del país? Eso se debe hacer sentir, reitero, pacífica pero vehementemente, a esos medios de comunicación que ahora se empeñan, con censuras y autocensuras, en que sólo existe una cara de la moneda.
Las inhabilitaciones
Tenemos importantes figuras opositoras que se mantienen inhabilitadas, de una manera absolutamente inconstitucional, para postularse a cargos de elección popular. Ello le ha permitido, primero al chavismo y luego al madurismo, “sacar de juego” a prominentes opositores para lograr ventaja donde normalmente no tendría la más mínima oportunidad, pero además ha forzado a la MUD a negociaciones muy difíciles en las que no siempre el que más ha trabajado a nivel local por su liderazgo es el que termina puesto en el lugar “salidor” que le corresponde. Nos toca a los ciudadanos, entonces, luchar para que estas persecuciones cesen también, usando la fuerza y el poder que nuestro caudal electoral nos brinda, apoyando el levantamiento legal de tales inhabilitaciones, que lo reitero, en casi todos los casos son absolutamente inconstitucionales. Dicho esto, corresponde también expresar, como crítica constructiva, que no podemos seguir poniendo en riesgo importantes logros electorales mientras dichas inhabilitaciones no cesen de manera clara y definitiva. Lo que ocurrió con David Uzcátegui en Baruta, por ejemplo, no puede volver a pasar. Su inhabilitación es injusta e inconstitucional, pero la verdad es que al momento de su postulación, tanto en las primarias como para candidato unitario a alcalde del municipio, esta inhabilitación se mantenía vigente, lo cual se corroboró, peligrosamente, a muy pocos días de que tuvieran lugar elecciones del 8D. Me constan su trabajo y su entrega al municipio, pero eso es una cosa y otra muy diferente es desconocer, que por injusto que sea, existía la posibilidad de que aún resultando ganador el 8D no se le permitiese asumir el cargo de alcalde, lo cual hubiera degenerado en una situación muy difícil de manejar. Otros inhabilitados no se prestaron a riesgosos experimentos similares, y mientras con una mano pelean por el levantamiento de su inhabilitación, con la otra se dedican a apoyar a otros líderes que no ponen en peligro las aspiraciones de los electores. Esa, en mi humilde criterio, debe ser por ahora la actitud de los líderes inhabilitados.
El diálogo
Esta semana que cerró Maduro se reunió con los alcaldes y gobernadores opositores electos. Aunque no sé si este encuentro fue en realidad uno de “diálogo” –no se “dialoga” imponiendo condiciones por la fuerza sino en términos de igualdad y de mutuo reconocimiento- se trata en efecto de un paso importante que puede significar, tomemos el aserto con total prudencia, el comienzo de una nueva manera de hacer las cosas. Lamenté mucho, eso sí, que para Maduro el tema de los presos y perseguidos políticos sigue siendo un “punto de honor”, lo cual va a contrapelo de lo que la ciudadanía en general está exigiendo a gritos: La reconciliación nacional. Sobre esto les dejo esta reflexión: En 2007, después de que presentáramos por primera vez a la AN el proyecto de Ley de Amnistía, Chávez se atrevió a decretarla. Si bien no fue lo amplia que se esperaba y necesitaba, al menos condujo al cese de emblemáticas persecuciones políticas. Aquella vez la amnistía respondió al clamor de aproximadamente 19.000 ciudadanos, que la solicitamos ante la AN, pero hoy son los representantes de la mitad del país los que la exigen. En 2007 Chávez cedió, en sus términos pero cedió, y con ello ganó mucho más de lo que perdió. Espero de corazón, y como propósito navideño, que Maduro se atreva a dar ese mismo paso. El país no puede seguir sometido a las pasiones de las minorías más radicales.
CONTRAVOZ
Por Gonzalo Himiob Santomé
