NOTA DE REDACCIÓN: El ingeniero José Cristobal Nieto, Presidente de IPEA-Caucagua se dirigió a nuestra redacción para solicitar un derecho a réplica en la ocasión de rechazar categóricamente la denuncia realizada por la diputada Odalys Monzón, quien es absolutamente responsable de las mismas, sobre supuestas irregularidades en el Centro Psicopedagógico Ávila de Caucagua.
Como es política del diario LaVoz darle cabida a todas las opiniones del acontecer nacional sin otras restricciones que las que nos impone la Ley, publicamos en su totalidad la referida réplica del ingeniero Nieto:
En mi carácter de Presidente de la Asociación Civil Ipea Caucagua les escribo reclamando nuestro derecho a réplica ante una nota aparecida hoy en ese diario, en la página 16, subsección de las páginas de Barlovento, que tiene llamado en primera página.
La nota se refiere a unas declaraciones de la Diputada Odalys Monzón que solicita una investigación al Centro Psicopedagógico Avila (antigua denominación de la Asociación Civil IPEA Caucagua).
Deben Uds saber que hace un año la Asociación dejó de tener injerencia en el proyecto, y vinculación con la residencia donde habitan las mujeres discapacitadas a las que hace referencia la nota que nos menciona.
La denuncia sobre las condiciones de la residencia puede ser muy válida, pero la responsabilidad sobre las irregularidades y carencias, recae en los organismos del Estado, que han hecho caso omiso de sus responsabilidades constitucionales y legales, y, especificamente sobre una de las personas que curiosamente funje como «denunciante», autodenominándose «primera combatiente de Acevedo».
La Asociación Civil IPEA Caucagua, fue intervenida el 4 de enero de este año por la Unidad Municipal de Atención a las Personas Discapacitadas del Municipio Acevedo. A partir de esa fecha la Asoción Civil no tiene vinculación alguna al proyecto de la residencia donde conviven mujeres con necesidades especiales, separadas de sus familias de origen por causas diversas . A partir del pasado Enero esa dependencia participó en un proceso de intervención agresiva de la institución. En ese momento presentamos toda nuestra colaboración, pues honestamente pensamos que se estaba subsanando una deuda de largos años, que el Estado venezolano les debe a nuestras niñas especiales. Lamentablemente el tiempo ha evidenciado que no fue así y tras la intervención mencionada, la situación de las niñas es mucho peor que la situación inicial que le dio origen.
Lamentablemente la nota que Uds incluyen hoy en la portada y en la página 16 vilipendia nuestro buen nombre de manera totalmente injusta y errada. Tenemos a LaVoz por un diario serio, por lo que nos extraña no hayan indagado sobre la situación real de esa residencia, y reclamamos nuestro derecho a réplica. Igualmente estamos estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales por perjurio contra la Sra Monzón.
Quiero expresarles que como testigos de ese proceso de intervención expresamos nuestro total desacuerdo de la manera irresponsable como se condujo la intervención en flagrante violación a la Constitución Bolivariana. Se realizó una intervención, con revocación del permiso, y con exhaustivo y meticuloso detalle en los defectos y fallas de la Institución. Fueron muy diligentes en la identificación de las fallas y muy lerdos en el aporte a las soluciones. La actuación de los organismos coordinadores laxa, lenta, ineficiente e irresponsable.
1. En el manejo de los expedientes legales, se llevaron los expedientes a Guatire cuando debían estar en la institución donde se encuentran las niñas, pues cada expediente debe ser físicamente inseparable de la niña, pues contiene su historia personal. Se nos informó verbalmente que eran para terminar de sacarles la cedulación a las niñas que faltaban, y buscarles los familiares para ubicarlas en el hogar idóneo como manda la ley pero aun no lo han hecho.
2. Se nos informó que en virtud de la revocación del registro, las niñas serían prontamente reubicadas. La realidad es que hasta la fecha, casi un año después de la intervención, sólo cuatro de las 16 niñas se han reubicado.
3. Con respecto a la medicación, tras la intervención, hicieron evaluaciones psiquiátricas con personal de la Alcaldía de Acevedo y nos retiraron las tarjetas del IVSS para la solicitud de medicamentos. Este procedimiento ha sido ineficiente e irresponsable en la aplicación oportuna y continua de las medicinas. Debemos recordar que varias de las niñas de nuestra población son pacientes psiquiátricas, cuyo proceso de medicación es sumamente delicado y debe ser bien llevado por manos profesionales. Hemos tenido crisis de violencia y problemas de conducta muy graves por parte de las niñas, debido a falta de medicación oportuna, y cambios en la aplicación de la medicación, sin el apropiado seguimiento profesional.
4. El desempeño ha sido insuficiente, por falta de coordinación interinstitucional. entre los protagonistas de esta intervención, llámese el Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Acevedo, la Defensoría del Pueblo, El Ministerio Popular de Educación, Ministerio Popular de la Salud, Juzgado del municipio Acevedo.
Hicimos oportunamente estas observaciones a la institución interventora. Tal como se evidencia en la carta que anexamos.
