Las cartas ya están descubiertas. El miércoles, en un inciso de la larga reunión con los alcaldes y gobernadores opositores, el presidente Nicolás Maduro se refirió por primera vez al aumento de la gasolina, un tema que junto con la devaluación de la moneda local, el bolívar, es el más importante de la actualidad venezolana una vez superadas las elecciones municipales. No hay una fecha definida y el Gobierno dice no estar apurado. Lo que ya parece claro es la manera de proceder con el alza.
Será, según insinuó Maduro, un plan de incrementos progresivos del litro de combustible, fijado desde 1996 en 0.097 bolívares el de 95 octanos y 0.070 bolívares el de menor octanaje, durante los próximos tres años. La idea parece tener dos explicaciones: evitar que la crónica inflación que padece este país, que en un año sumó 54,3%, haga estéril un solo aumento, y una merma pronunciada de la popularidad del presidente que permita a la oposición recuperar posiciones.
“Yo llamo a un debate nacional y a que tomemos una medida justa. La mayoría de los venezolanos está de acuerdo con que el aumento sea una medida justa, que no genere perturbaciones inflacionarias adicionales”, reconoció el mandatario este miércoles.
Maduro también sugirió las peculiaridades que tendrá el ajuste: el litro no será equiparado con el precio internacional. “Venezuela por ser país petrolero debe tener la ventaja de vender hidrocarburos a precios especiales”, explicó. La alusión de Maduro es un guiño a una extendida superchería en este país estimulada por todas las corrientes políticas. Los venezolanos se asumen como los dueños de una inmensa riqueza que otorga el derecho de no pagar en territorio nacional lo que cuesta abastecer el vehículo de combustible en el mercado internacional.
Durante muchos años el presidente Hugo Chávez evitó tomar esa medida, pero la magnitud del déficit fiscal, las pérdidas de 12.500 millones de dólares por concepto de subsidio al combustible y el contrabando de 100.000 barriles diarios hacia Colombia y el Caribe, que ha pasado a ser un problema de seguridad nacional, ha obligado a Maduro a reconsiderar esa negativa. El precio del primer incremento todavía es un misterio. Mientras algunos economistas consideran que el punto de equilibrio, es decir, el precio al que debería ser fijado el litro para que no haya pérdidas, oscila entre 0.7 y 0.9 bolívares, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal petrolera Pdvsa, Rafael Ramírez, reveló al diario El Nacional que el costo de producción asciende a 2,7 por litro. La realidad ha terminado imponiéndose al terco empeño del Gobierno bolivariano de vender la gasolina incluso por debajo del precio del costo por temor a un estallido social.
Al margen de las diferencias de cálculo, de las palabras de Maduro queda claro que el Gobierno enfrenta el reto de cómo comunicarles a los venezolanos que en lo sucesivo deberá pagar por los hidrocarburos que consume. Poco a poco el chavismo y los economistas que lo apoyan han avanzado en la idea según la cual, en realidad, el Estado está pagando a los particulares para abastecerse de combustible, y que ese irracional subsidio en realidad favorece el consumo de quienes tienen vehículo y afecta a los más pobres, su público electoral. A la vez el propio Maduro ha elucubrado sobre el posible destino de los nuevos ingresos.
“El tema es cómo hacerlo sin hacerle daño a los ciudadanos y a la economía. ¿Qué hacer con los recursos? Esos recursos podrían invertirse, por ejemplo, en más viviendas para la Gran Misión Vivienda Venezuela, para la salud, vialidad, pensiones”, enumeró.
Información de El País de España
