La crisis crónica de las cárceles en Venezuela se encamina a su fin, según la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, cuya labor, según sus detractores, no pasa de buenas intenciones mientras las condiciones de reclusión se agravan.
Se trata de una ministra «preñada de buenas intenciones, pero lamentablemente los presos siguen muriendo», dijo a Efe Humberto Prado, titular de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
A manera de balance de lo que han sido sus dos años y medio de gestión, Varela destacó hoy en un programa de la emisora estatal Venezolana de Televisión que ha logrado retirar las armas en poder de los reclusos del 85 % de la treintena de cárceles del país, que albergan a unas 53.000 personas, alrededor del triple de su aforo.
La ministra dio cuenta de que hay «régimen (de control estatal efectivo) en todos los recintos de mujeres, en las entidades de adolescentes (…), así como en 19 cárceles masculinas».
El 26 de julio de 2011 el presidente de la época, Hugo Chávez, creó la cartera de Servicios Penitenciarios, que desde entonces está a cargo de Varela, quien ha debido hacer frente a una decena de violentos motines, tras lo cual se han hallado en poder de los presos incluso fusiles, ametralladoras y granadas.
Según el OVP, durante 2012 murieron 591 reos y otros 1.132 resultaron heridos, un aumento que cifró en 5,53 % con respecto a 2011 en la cifra de víctimas mortales. En los primeros seis meses de 2013, el OVP, instancia que la ministra ha descalificado por privilegiar un supuesto afán de escándalo y desprestigio gubernamental, reportó 289 reos muertos.
Prado anunció que en enero proporcionará cifras actualizadas sobre «violencia, enfermedades, decomisos y fugas», las cuales, adelantó, deberán ser muy precisas «para cuando nos salgan al paso podamos señalar nombres y apellidos» de los involucrados.
El Gobierno y las ONG coinciden en que el sistema penitenciario venezolano ha sido perforado por «mafias carcelarias» dirigidas por reclusos que someten a los demás reos y controlan el ingreso y la tenencia de armas y estupefacientes, con admitidas complicidades de diferentes autoridades.
Ello ha ido disminuyendo progresivamente, sostuvo hoy la ministra, que aprovecha cualquier motín para desalojar íntegramente las prisiones y revisarlas de manera minuciosa, y en varios casos reconstruirlas en su totalidad.
Esto, en cumplimiento de la declaración de emergencia carcelaria decretada por el Gobierno el 18 de octubre de 2011 y renovada el 18 de enero pasado.
El traslado de presos implica que «el problema se lo manda a los demás establecimientos carcelarios que se encuentran hacinados a más del 100 % y tienen más de cuarenta años de construcción y sin ningún tipo de mantenimiento», sostuvo Prado.
La ministra destacó que el Gobierno construye en la actualidad ocho prisiones para presos a la espera de una sentencia en firme, de un total programado de 24, uno en cada estado del país. «Las personas no deben durar más de dos años en dichos centros; si no es así, entonces entraría en retardo procesal», dijo y explicó que el déficit judicial ha ido disminuyendo y ya hay «centros donde hay cero retardo procesal, sobre todo en estas cárceles con el nuevo régimen» de control estatal efectivo.
«¿Qué habría que reconocerle a la ministra? Yo puedo reconocer la buena intención, pero las buenas intenciones no están nunca por encima de una buena gerencia y estamos hablando de vidas bajo responsabilidad del Estado», replicó el titular del OVP.
Además de las muertes por violencia carcelaria, Prado apuntó a presos que se mueren por tuberculosis, por enfermedades derivadas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y otras. «Falta atención médica digna y sostenida, porque allí donde hay médicos no hay medicinas y donde hay medicinas no hay médico», dijo.
Prado insistió en que, en definitiva, en Venezuela aún «no se cumplen los estándares internacionales y más del 85 %» de los reclusos «vive en situaciones indignas», incluidas las que los obligan a comer «con las manos, sobre papeles colocados en el suelo».
Y ello no afecta solo a las alrededor de 53.000 personas en las prisiones, sino también, remató el activista, «a los más de 10.000 presos retenidos en retenes y comandancias de policías». EFE
