Liliana Cadena
Los hechos
El domingo 27 de abril de 2003, cerca de las dos de la madrugada Orangel Pirela Gil (24) y Robert Linares (25), venezolanos, fueron ajusticiados por funcionarios de la Policía del Estado Vargas. Las madres relatan que varios funcionarios de dicho cuerpo policial llegaron al Barrio Aeropuerto, parte alta, parroquia Raúl Leoni del estado Vargas, disparando sus armas de fuego y arremetiendo contra las personas que viven en el sector y que en ese momento se encontraban recogiendo agua en sus recipientes, porque el barrio tenía problemas con el suministro del vital líquido.
El joven Robert Linares ayudaba a mujeres y niños a refugiarse en una casa para sortear los disparos efectuados por los efectivos policiales cuando Robert recibió un tiro en la espalda que acabó con su vida. A Orangel Pirela Gil lo asesinaron de un tiro en el tórax dentro de su casa. La señora Dora Gil, madre de Orangel, manifestó que su hijo estaba durmiendo cuando los funcionarios entraron a su residencia obligando a sus familiares a salir de la casa. Vecinos y familiares, que vieron lo que pasó, aseguran que los funcionarios les apuntaron con una escopeta y un revólver y los golpearon para obligarlos a confirmar la versión de que había sido un “enfrentamiento”.
A las tres de la madrugada los funcionarios arrastraron los cuerpos de Orangel y Robert para trasladarlos al hospital, impidiendo a sus familiares acercárseles.
Retratando la Impunidad
Muchos familiares de víctimas denuncian abusos y reclaman justicia; sin embargo, no todos los casos de violaciones a los derechos humanos son investigados; dejándole el camino libre a la Impunidad.
“Hablamos de Impunidad cuando el Estado no sanciona a los delincuentes, cuando no es capaz de generar efectivos mecanismos que posibiliten el logro de justicia, ni reparar el daño causado en las personas víctimas y familiares de víctimas de abusos policiales y militares”.
¿Cómo se manifiesta
la impunidad?
A través del seguimiento de casos que realizamos desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz nos hemos dado cuenta que existen mecanismos de impunidad como: Investigaciones sin actos conclusivos, amenazas de violencia, suspensiones de audiencias, retardos injustificados, incumplimiento de un debido proceso judicial, así como una larga lista de situaciones legales que demuestran que la impunidad posibilita el círculo vicioso de la falta de justicia en Venezuela.
En la Red de Apoyo hemos podido brindar a Zoraida Herrera, madre de Robert Linares, una atención integral y hemos sido testigos de cómo ha padecido sufrimientos y desgaste emocional por más de 10 años buscando justicia. No solo le arrebataron injustamente a su hijo Robert sino que ha sido víctima de la impunidad; luego de 10 años ni siquiera puede destacar que el Ministerio Público, representado por La fiscalía 10º de Vargas, haya concluido la investigación.
“Se van a va a cumplir 11 años del asesinato de mi hijo y no se ha hecho casi nada. Lo que quiero es que me digan si va o no a haber juicio… Se perdieron las evidencias”, señala Zoraida Herrera.
Hay varias cosas que podemos resaltar de estas palabras de Zoraida. En primer lugar, es deber del Estado dar respuesta y hacer lo necesario para que los culpables reciban un castigo justo y apropiado de acuerdo al daño causado a las víctimas. Segundo, el artículo 313 del código orgánico procesal penal establece que: “El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. Pasados seis meses desde la individualización del imputado o imputada, éste o ésta, o la víctima podrán requerir al Juez o Jueza de Control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días, ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación”.
Como vemos, si bien no establece un tiempo máximo en el cual el Ministerio público debe concluir las investigaciones, en el caso de que aun no se haya identificado al imputado, la lógica indica que las investigaciones tampoco pueden ser eternas, puesto que conlleva mayor sufrimiento para las víctimas o sus familiares.
Lucha de La Red de Apoyo contra la Impunidad
La Red de Apoyo tiene 28 años acompañando a personas víctimas y familiares de víctimas de abuso policial y militar en Venezuela, y podemos dar fe que si bien el Estado hace esfuerzos por transformar la cultura institucionalizada que permitió y permite las violaciones a los derechos humanos, sigue habiendo graves obstáculos para el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares.
En el caso de Robert Linares podemos señalar que “La fiscalía 10º de Vargas, que lleva el caso de Robert Linares, no ha actuado con la diligencia debida en sus funciones con relación a la investigación del caso debido a que ha permitido que existan injustificadas dilaciones en la realización de las experticias”, expresa Laura Roldán, Coordinadora general de la Red de Apoyo.
Por ello, La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz solicitamos en el caso de Robert Linares que:
PRIMERO: Se designe una comisión especial de investigación criminalística para reforzar a la fiscalía 10ª del estado Vargas.
SEGUNDO: Se designen funcionarios o funcionarias superiores que revisen la cantidad de causas que lleva la fiscalía 10ª del estado Vargas.
TERCERO: Se culminen la investigación y se dicte el acto conclusivo en el caso de Robert Linares Herrera.
CUARTO: Se informe a la opinión pública a la brevedad de los resultados de las investigaciones en el caso señalado.
QUINTO: Que la Fiscalía General de la República se sume efectivamente a la lucha contra la impunidad en Venezuela. La lucha contra la impunidad es de todas y todos; por ello, denuncia para que los crímenes sean castigados y reine la justicia en nuestro país.