Los excedentes petroleros deben dirigirse hacia la profesionalización y dotación de las policías regionales y municipales, muchas de ellas con serias dificultades para llevar a cabo sus funciones constitucionales por presiones políticas provenientes del Gobierno Nacional, señaló el dirigente de Primero Justicia, Eduardo Battistini.
Considera que desde las Policías Municipales y Regionales, se puede hacer una correcta contención de muchos delitos, siempre y cuando cuenten con el equipamiento necesario: vehículos, armamento, municiones, dispositivos de protección personal junto a una educación profesionalizada, “todo lo cual requiere de presupuestos que las localidades no tienen, pero que el Gobierno Nacional ha derrochado a manos llenas”.
Recordó el dirigente aurinegro que muchas policías del interior cuentan con presupuesto solo para mantener una reducida nómina y ni siquiera tienen recursos para llevar a cabo labores de patrullaje, inteligencia o acciones decididas contra el hampa.
Battistini indicó que además de recursos, es imprescindible la creación de un Sistema Estadístico Nacional que registre en tiempo real la incidencia delictiva en todo el país y que sea compartida entre los cuerpos de seguridad.
“En Caracas, hay 5 municipios que hacen frontera unos con otros y los delincuentes traspasan esas jurisdicciones durante sus fechorías. Si persistimos en no compartir la información entre esos cuerpos policiales, no se podrá hacer una verdadera labor a favor de la seguridad ciudadana”, señaló.
Recordó que para la prevención del delito, la información es el elemento clave, especialmente entre los cuerpos de seguridad, por lo que indica que una sincera política de coordinación policial es una necesidad imperante en el país.
“No puede ser que se les otorgue a las policías municipales y regionales el trato de contrincante político, si causalmente el alcalde o gobernador de turno no pertenece al círculo político de Nicolás Maduro y sus aliados. Es una lamentable realidad que el gobierno nacional haya privilegiado el sectarismo a la hora de planificar políticas de seguridad ciudadana y eso ha dejado tras de sí una sangrienta historia de dolor en cientos de miles de familias venezolanas”.
Se pronunció enérgicamente en contra de la impunidad, la cual a su entender, se reduce al brindar una profunda reforma en el Sistema Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario, instituciones que son responsabilidad directa del Estado Venezolano y el Gobierno que lo dirige.