El Ministerio Público acusó a la exgerente de Administración y a la exadjunta a la Presidencia del Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), Roxana García Espinoza y Carla Álvarez Sala, respectivamente, por presuntamente estar incursas en hechos de corrupción durante el período comprendido entre abril de 2012 y julio de 2013.
La fiscal 65º nacional, María Teresa Cortes, acusó a García Espinoza por la presunta comisión de los delitos de evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario público con contratista y asociación para delinquir; mientras que Álvarez Sala fue acusada por los dos últimos delitos.
En el escrito presentado ante el Tribunal 16º de Control del área metropolitana de Caracas, la representante del Ministerio Público solicitó la admisión de la acusación y que se ordene el pase a juicio de ambas mujeres, quienes se encuentran recluidas en el Internado Nacional de Orientación Femenina en Los Teques, estado Miranda.
El 14 de agosto de 2013, fue presentada una denuncia ante el Ministerio Pùblico por parte de la Consultoría Jurídica de Fontur, relacionada con presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión de Miguel Ángel Rojas Uribe, contra quien fue solicitada una orden de aprehensión a finales de octubre de ese año.
De acuerdo con la denuncia, fueron realizadas dos contrataciones para la adjudicación de juguetes al personal del organismo. La empresa seleccionada fue la Inversora Inmobiliaria Tulipanes de Venezuela C.A.
La investigación permitió determinar que dicha compañía estuvo conformada por funcionarios del organismo estatal, específicamente Roxana García como comisaria y quien era, a su vez, integrante del Comité de Contrataciones de Fontur; y por Carla Álvarez , como directora de la empresa beneficiada.
En ese sentido, Álvarez Sala fue detenida durante un allanamiento practicado en su residencia en el municipio Chacao el 31 de octubre; mientras que García Espinoza fue detenida en la parroquia Antímano, municipio Libertador, el 08 de noviembre.
Ambos procedimientos fueron practicados por funcionarios del Servicio Bolivariano Bolivariano de Inteligencia Nacional, ante las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público.
