Sergio Penott Contreras
Justicia, Estado e impunidad
Quizá uno de los mayores debates en el campo de la filosofía y otras áreas de cocimiento humanístico, ha sido construir un concepto único de justicia. Esto se debe a que ésta como valor supremo ocupa diversos estadios de la vida, difícilmente simplificables. Por ello, podemos ser testigos de un acto de justicia y aún así no entenderlo, y peor, siquiera percibirlo. No ocurre lo mismo con la injusticia. Como bien reseña Ben Dupré, historiador y editor inglés, curiosamente cualquier persona es capaz de reconocer una injusticia cuando la tiene ante sus ojos: gente pasando hambre donde el alimento es accesible, individuos torturados o enjuiciados sin garantías procesales, entre otros. Así, que una conciencia de injusticia parece emerger de forma más natural e instintiva en los seres humanos.
Garantizar mediante sus instituciones el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas, es uno de los fines del Estado moderno. De manera que proveernos de los medios para alcanzar la aspirada justicia en todos sus niveles comporta una de sus principales funciones. Sin duda alguna, las leyes y los tribunales de la República ocupan una posición fundamental en dicha tarea. Toda ley nace con el fin de colocar las reglas del juego para lograr la convivencia pacífica en sociedad. La violación de la ley por cualquier individuo, implica la ruptura de ese orden, y en cierto modo, un ataque frontal a los fines estatales. Las leyes además pueden servir para proteger determinados bienes jurídicos.
Por su parte, en los tribunales de la República el ciudadano y la ciudadana materializan una de las dimensiones de la Justicia. Esa que reclamamos, basados en la constitución y las leyes, cuando nos violan nuestros derechos o perjudican nuestros intereses.
¿Pero qué sucede cuando el Estado no puede restablecer el orden? La ley no es cumplida. Pero además los órganos de administración de justicia no intervienen eficazmente en la resolución de los conflictos para resarcir los derechos de los afectados y las afectadas. Surge entonces la noción de “impunidad”, que en términos sencillos podemos definir como aquel mal jurídico que no ha sido castigado. Aquello que queda impune abre la puerta hacia lo injusto. Así, impunidad e injusticia son elementos que caminan juntos.
Ahora bien, toca respondernos si es el Estado el único responsable en la lucha contra la impunidad. Una visión simple en la que se le atribuye al Estado la obligación de intervenir en todos aquellos asuntos que atañen a la convivencia del pueblo diría que sí. No obstante, en la actualidad Venezuela vive un proceso en el cual la democracia pasó de ser un sistema representativo a otro participativo y protagónico, en el que la ciudadana y el ciudadano juegan un papel determinante.
Por ello, debemos entender que la impunidad concierne tanto al pueblo como al Estado. Su existencia responde a una diversidad de factores que precisan que la lucha por disminuir su proliferación trascienda lo institucional, y se instale también en el actuar cotidiano de la ciudadanía.
El sistema de justicia. Un esfuerzo conjunto para vencer la impunidad
La gente piensa que el acceso a la justicia y la tutela efectiva de nuestros derechos, corresponde a los tribunales de la república. Y claro está, compete a los órganos del poder judicial conocer y juzgar las causas y asuntos cualesquiera sean las personas que intervengan. Esta circunstancia a menudo conlleva a señalar como causa principal de la impunidad, la crisis en que los juzgados se hallan sumergidos. Afirmación que consideramos tanto imprecisa como injusta.
Todo sistema involucra un conjunto de elementos que interrelacionados entre sí cumplen un determinado objetivo. En el sistema de justicia, el poder judicial conformado por el Tribunal Supremo y los demás órganos jurisdiccionales, representan solo un engranaje de la maquinaria justiciera. Por tal razón, la lucha contra la impunidad no queda solo en sus manos. Recordemos que según la Constitución Bolivariana, también forman parte integrante del sistema: el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos, la ciudadanía organizada conforme a la ley, y las o los abogados autorizados para el ejercicio del derecho.
Respecto a ello, la Sala Constitucional ha expresado que la participación de todos los órganos que conforman el sistema de justicia asegura su funcionamiento. “La justicia pertenece a todas las personas, está en todas partes”.
Nada más apropiado para destacar que vencer la impunidad es compromiso de todas y todos, y muy especialmente de la ciudadanía. Hoy por hoy, no existen justificaciones. Bajo el ejercicio de la democracia participativa, las leyes procesales se han ido redefiniendo para incorporar mecanismos donde el pueblo activamente interviene en la administración de justicia.
También debe destacarse la importancia del uso alternativo del Derecho como frente de lucha contra la impunidad. Se trata de aquellas acciones organizadas que permiten denunciar, exigir y servir como modos de presión, para obtener la atención de los órganos competentes sobre una problemática determinada, agilizando así su resolución. Cuando los mecanismos formales del Derecho no atienden oportunamente las demandas de la población, el uso alternativo de derecho se instituye como una opción viable que evita la deformación del sistema de justicia a causa de la impunidad.
Responsabilidad
de todos y todas
El mordaz periodista estadounidense Ambrose Bierce, en su satírico Diccionario del Diablo (1911), definió responsabilidad como aquella carga desmontable que se transfiere fácilmente a la espalda de Dios, el destino, la fortuna, el vecino, o un aficionado a la astrología, a una estrella. Claramente, el autor intentaba ilustrar la capacidad humana para desligarse de toda cuestión de la que no se cree parte, por tanto, no obligado a actuar. Para luchar contra la impunidad, se hace necesario evitar este pensamiento. Es momento de asumir que la respuesta contra la criminalidad y la impunidad, demanda la suma de esfuerzos de todas las instituciones que componen el sistema de justicia. Usted ciudadano o ciudadana, es un elemento activo e indispensable de ese sistema. Está legítimamente dotado de variadas herramientas para librar conjuntamente la batalla ¡trabajemos juntos y juntas, la lucha es de todos y todas!
