El Ministerio Público acusó al trabajador aeroportuario Juan Carlos Vargas, por su presunta vinculación con el caso de la avioneta modelo Bombardier Global, matrículas 9HFED (alemana), la cual despegó el 12 de agosto de 2012, del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo, con 1.400 kilos de cocaína rumbo a Islas Canarias, en España.
La investigación determinó que la avioneta partió del citado terminal aéreo, la madrugada de dicho día con destino al territorio español, donde las autoridades de ese país aprehendieron a la tripulación y decomisaron la droga.
Los fiscales 3º nacional auxiliar y 29º de Carabobo, Jorge Sayegh y Linda Goitia, respectivamente, acusaron a Vargas como presunto cooperador inmediato en el delito de tráfico internacional ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.
En el escrito presentado ante el Tribunal 4º de Carabobo, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento del hombre; también, que se mantenga la medida privativa de libertad contra Vargas, quien permanece recluido en el Internado Judicial del estado Carabobo, conocido como Tocuyito.
De acuerdo con la investigación, Vargas laboraba en los hangares del aeropuerto donde ingresó la avioneta en la cual cargaron la droga.
El hombre fue aprehendido en Calabozo, estado Guárico, tras varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público y ejecutados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en cumplimiento de una orden de aprehensión acordada por el citado tribunal.
16 personas en juicio y cuatro condenadas
Por este caso están en juicio, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Martínez, José Guerrero, Álvaro Acuña, Juan Espinoza y Edgardo Salazar, por presuntamente incurrir en los mismos delitos que Vargas, además de corrupción propia.
Igualmente, pasaron a juicio los funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Jesús López Montero, Mauri Montilla y José Núñez Cohen, por la presunta comisión de los delitos antes referidos, además de obtención fraudulenta de ruta.
Asimismo, el gerente general y accionista principal de la empresa Banyan Service, Leonardo Cabaña y José Rojas Bello, respectivamente, pasaron a juicio por ser los presuntos financistas en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
En cuanto al director de operaciones de esa empresa, Juan Rafael Hernández, se le ratificó la acusación por el mismo delito pero en grado de cooperador.
Mientras que a los empleados de la referida compañía de servicios, Jesús Maldonado, Alexandra Barrios Hernández y José Roberto Machuca; además del vigilante del Aeroclub Valencia, Moisés Fuenmayor, les fue ratificada la acusación por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en grado de cooperadores y asociación para delinquir.
Por los mismos delitos fue acusado Alexander Linares, quien supuestamente se encargó de adquirir las líneas telefónicas que se necesitaron para llevar adelante la operación. Las 16 personas permanecen privadas de libertad en el Internado Judicial de ese estado.
Por este caso, el mismo tribunal condenó en su oportunidad a 9 años de prisión a tres GNB y a un civil.
