Venezuela y Ecuador, ejercen un «autoritarismo moderno» porque celebran procesos electorales y al mismo tiempo controlan las instituciones para neutralizar a la oposición, según un informe de la organización no gubernamental estadounidense Freedom House.
El informe divulgado el jueves señaló que los venezolanos sufrieron en 2013 un notable deterioro en el respeto a sus libertades debido a un incremento en la aplicación de leyes contra la oposición. Los otros dos países en los que menguaron los derechos fueron República Dominicana y Panamá.
El informe anual sobre las libertades de la organización indicó que Nicaragua tuvo una mejoría, mientras que Cuba algunos avances en la apertura política. Freedom House mantuvo a la isla comunista como el único país de la región entre los 48 del planeta cuyos habitantes no son libres.
Para la organización, las libertades civiles de los dominicanos sufrieron cuando el Tribunal Constitucional despojó de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de haitianos. En Panamá cuestionaron el que las autoridades no investigaron acusaciones de corrupción contra el presidente Ricardo Martinelli.
Sobre Nicaragua destacó el impacto positivo que para las libertades cívicas y políticas representan las consultas sobre reformas constitucionales, las mejoras graduales a los derechos de la mujer y los progresos en el combate del tráfico humano, mientras que los cubanos vieron un «declive modesto en la vigilancia estatal, una apertura de la discusión política en privado y en internet y un mayor acceso a viajar al extranjero y trabajar de manera independiente».
Freedom House mantuvo a Venezuela entre los 10 países parcialmente libres del hemisferio occidental, pero la ubicó junto con Ecuador en el grupo de naciones en el orbe que gobiernan a través de lo que define como autoritarismo moderno, debido a que celebran elecciones pero controlan indebidamente a las instituciones para neutralizar a la oposición.
Señaló que el presidente venezolano Nicolás Maduro «debilitó aún más los medios independientes, redujo la capacidad de la oposición para ser contrapeso a las políticas gubernamentales y amenazó a grupos de la sociedad civil».
The Associated Press solicitó un comentario al ministerio venezolano de Comunicación, pero no obtuvo una respuesta de inmediato.
Con respecto a Ecuador, expresó que el presidente Rafael Correa impulsó en 2012 una legislación que amenazaba con paralizar la cobertura noticiosa de procesos electorales y «se aseguró de que la ley hubiera sido implementada para elecciones de 2013».
Al referirse a un informe similar emitido esta semana por Human Rights Watch (HRW), Correa dijo la víspera a corresponsales extranjeros en tono irónico que «no voy a poder dormir, ya vamos a pedir la derogación de la Ley de Comunicación porque la solvencia moral de Human Rights Watch es incontestable».
HRW había criticado una nueva ley de Comunicación vigente hace poco en Ecuador, por cercenar la libertad de prensa debido a sus disposiciones poco precisas para regular radio, prensa y televisión.
Pese a que Freedom House halagó las consultas sobre reformas constitucionales y las mejoras graduales a los derechos de la mujer en Nicaragua, opositores en esa nación centroamericana se oponen a la reforma constitucional porque permiten la reelección indefinida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de querer perpetuarse en el poder.
