El gobierno bolivariano, liderado por el Presidente Nicolás Maduro, atendiendo al sentimiento nacional que se ha venido conformando en torno a la acuciante necesidad de darle respuesta efectiva al problema de la inseguridad que abate a la sociedad venezolana, ha concebido una política de amplitud y de acción integral, concitando la participación de todos los actores de la vida nacional; incluyendo, naturalmente, a quienes lo adversan políticamente, pero que, como ciudadanos, también son afectados por los efectos de la criminalidad que se cierne sobre el país.
Causalidad multifactorial
Entendiendo que la inseguridad o la violencia criminal es uno de los problemas más agudos presentes en el mundo contemporáneo que, como señalan especialistas en el tema, es de una causalidad multifactorial que imbrica aspectos de orden económico, sociales, culturales, políticos, judiciales, morales, psicológicos, psicobiológicos y hasta genéticos, en fin, de distinta naturaleza, que amerita, también, la utilización de los más variados aspectos para enfrentarla; teniendo como sustrato amplias consideraciones para el análisis, combinando el uso del principio de autoridad, la acción represiva ajustada a derecho, sistemáticas y abarcantes medidas preventivas y un mando coordinador centralizado, a distintos niveles. Estando dentro de estos términos, según apreciamos, la acción que el gobierno nacional ha emprendido para encarar la angustiante situación que padecemos los venezolanos y venezolanas con el problema de la inseguridad.
Sin dejar de desconocer, claro está, el ingrediente manipulador con que la derecha ha aliñado una matriz de opinión que, interesadamente, busca exacerbar y soliviantar a la población venezolana, a través del poderío mediático tanto local como internacional que utilizan de manera permanente, del uso perverso del rumor y de otros dispositivos, haciéndole asumir y creer que vivimos, si acaso, en el más inseguro de los países; cuando la verdad verdadera es que comparado con países vecinos de nuestro continente y de otras regiones del mundo las cifras reales y niveles delictivos de Venezuela se encuentran en renglones mucho menores; aunque no por ello desestimables y, mucho menos, consolables.
A manera de ejemplo, se hace conveniente reseñar lo apuntado por el Ministro del Poder Popular para el Interior, justicia y Paz, Mayor General Miguel Rodríguez Torres al advertir que mientras las cifras reales de homicidios, sustentados en datos oficiales registrados, ocurridos el año pasado estuvo por el orden de 39 por cada 100 mil habitantes, las ONG de la derecha y la mediática privada levantan, cual casi bandera, la especie, sin ningún soporte real, de que la tasa de homicidios estuvo en el orden de 75 por cada 100 mil habitantes, lo cual los lleva a pregonar que en el 2013 hubo en nuestro país alrededor de 25 mil homicidios; la idea que los mueve es inducir al miedo irracional y a la zozobra colectiva, tratando de sacarle a ello provecho político, sin importarles las consecuencias que tales mentiras puedan ocasionar a la psiquis colectiva de los venezolanos.
De lo que se trata, por supuesto, no es desvanecer la calamitosa situación planteada en materia de seguridad, sino ubicarla en su justa dimensión, dándole un tratamiento efectivo que apunte a afrontarla con eficacia y colocarla en un status perfectamente manejable; el gobierno nacional, así se percibe, está actuando con la decisión y contundencia que las circunstancias ameritan, poniendo en tensión todos sus recursos y mejores esfuerzos para canalizar, controlar y derrotar, como aspira la ciudadanía, este flagelo.
Maduro y su equipo está demostrando voluntad política para combatir la inseguridad y la criminalidad, sin desconocer que este combate hay que librarlo apoyándose en el pueblo organizado y en todas las instituciones del Estado, teniendo claro, además, que en algunas de estas instituciones, particularmente, en las policiales y judiciales, se han colado y persisten prácticas delictivas que alimentan y favorecen a la corrupción, que
protegen y aúpan la delincuencia, siendo por tanto su depuración y adecentamiento parte de la lucha planteada. Construir una sociedad más humana, vivible, decente, equitativa, solidaria, democrática, socialista, en la que reine la justicia y la libertad pasa por librar este combate para garantizarle seguridad y armonía a la población venezolana.
Cínico caradurismo
En este combate por la seguridad de la sociedad debemos participar todos los sectores que interactúan en la vida nacional. Así lo ha asumido el Gobierno Bolivariano y así lo han entendido el grueso de los sectores opositores: Blyde en Baruta, Ramos y Falcón en Barquisimeto y Lara, Eveling Trejo en Maracaibo; se está ante un sentimiento y un reclamo nacional que requiere el concurso y la participación activa de todos quienes tienen funciones dirigentes. Pero, Capriles no lo entiende. En su tozudez opositora se empeña en obstruir y debilitar la acción contra la inseguridad, por una parte, evade la realidad, pretendiendo desconocer que Miranda es la entidad federal cuyo índice delictivo es el más alto del país pero declara a los medios su disposición a sumarse a la lucha contra la inseguridad y, por la otra, cuando, por fin, accede a hacer una convocatoria abierta y democrática del CEPLACOPP, procede a presentar, en materia de seguridad, 9 proyectos, de los cuales 8 están referidos al tema de Protección Civil y sólo uno va al punto, la remodelación del Módulo Policial de Paracotos, que sin desmeritar a esta hermosa localidad mirandina, no es expresión de la magnitud delincuencial del Estado del cual el Flaco funge como gobernador. En su devaluado liderazgo, Capriles exhibe, cual tunante, un redomado y cínico caradurismo.
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