Andreína Tarazón afirmó que el contrabando de alimentos es un delito que atenta contra la soberanía económica del país. «La ley establece de 10 a 14 años de privativa de libertad a quienes incurran en este tipo de delitos», explicó la superintendente, quien además acotó que serían confiscados los bienes materiales y vehículos usados para esta práctica.
Manifestó que la ley privilegia la producción nacional. «Tenemos que ir hacia el mundo de trabajo y la concienciación de que lo que se tiene es producto del esfuerzo humano. Estamos impulsando la formación y el conocimiento como un elemento fundamental del poder», dijo la ministra de la Mujer.
El instrumento legal busca castigar el acaparamiento. «Nosotros hemos sido víctimas de una guerra económica que ha atentado con el derecho a vivir bien de millones de personas», recalcó Tarazón.
Durante el taller dirigido a la población en general, Arias Cárdenas reiteró el llamado a la lucha contra el contrabando hacia la frontera colombiana.
«Tenemos que combatir estas conductas en conjunto, ayer hubo una reunión bien buena de trabajo (…) Dicen (las cooperativas) que llevan comida a la Guajira, pero es a una partecita pequeña, porque nuestros guajiros están muriendo de necesidad (…) El 40% de lo que llevan es para revenderlo en Colombia», aseguró el gobernador.
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, señaló que no se puede permitir que el «contrabando siga dañando la vida de los zulianos y de los tachirenses» e indicó que los funcionarios involucrados serán puestos a la orden de la justicia.
Exhortó a los comités para la defensa de la socioeconomía a generar propuestas para la custodia de los precios justos. «No se trata solo de golpear al especulador, si no de construir la nueva economía al mismo tiempo», enfatizó.
