El presidente Nicolás Maduro anunció que a partir del sábado aplicará con absoluta rigurosidad una nueva ley que fija en un máximo de 30% los márgenes de ganancia de las empresas y que contempla penas de hasta 14 años para castigar delitos como el contrabando.
La llamada «Ley de Precios Justos», promulgada mediante un decreto-ley, forma parte de un esfuerzo para corregir los efectos de la «guerra económica» que, según Maduro, empresarios y adversarios políticos habrían desatado el año pasado para generar malestar entre los venezolanos y causar desorden en las calles.
Maduro ha promulgado varias normas que refuerzan los controles del gobierno sobre la agobiada economía venezolana. Y lo hizo gracias a los poderes especiales que le otorgó en noviembre pasado la Asamblea Nacional —dominada por el oficialismo— para emitir decretos con fuerza de ley por un año. La nueva legislación entró en vigencia luego que el Tribunal Supremo de Justicia le dio el visto bueno debido a su carácter de ley fundamental.
«Vamos a un proceso de saneamiento» de la actividad económica venezolana, afirmó Maduro durante una reunión con sus ministros en el palacio de gobierno, la cual se difundió por televisión. Advirtió que las sanciones —que incluyen la ocupación o cierre temporal, la clausura de establecimientos comerciales o la confiscación de bienes— serán severas, por lo que valdrá el «arrepentimiento».
«Llamo a la autorregulación», enfatizó el mandatario tras anunciar que la fiscalización de empresas y locales comerciales será permanente «de oficio», o también en atención de las denuncias de los consumidores.
«Si un producto lo traemos del exterior, va a tener una marca… verde, y al final quien lo vende tendrá que respetar el precio que se fije, vinculado a la inversión en divisas que ha hecho el país en eso», agregó.
Además, la Ley de Precios Justos contempla penas de prisión de entre 10 y «hasta 14 años, sin beneficios» procesales, para castigar «el contrabando de extracción», destacó Maduro. Con frecuencia suele señalar al contrabando como un factor importante que contribuye a acrecentar el desabastecimiento de varios rubros alimenticios básicos que agobia a los venezolanos.
Maduro, quien asumió el gobierno en abril pasado, activó en noviembre de 2013 una serie de medidas contra la inflación que implicaron la ocupación de algunos comercios de electrodomésticos acusados de especular, la rebaja de precios de ciertos bienes, inspecciones masivas de comercios y la detención de algunos empresarios que fueron acusados de vender con sobreprecio bienes adquiridos con dólares oficiales.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el mandatario izquierdista tuvieron poco impacto sobre la inflación, que el año pasado cerró en 56,2%, una de las mayores tasas que se han alcanzado en el país en casi dos décadas a pesar de tener control de precios y de cambio desde 2003. AP
