Durante la instalación de la I Jornada sobre la Ley Orgánica de Precios Justos: aspectos administrativos y penales, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó que existen 15 delitos penales relacionados con la guerra económica.
Lo novedoso en esta nueva Ley de Precios Justos son los artículos relacionados con los delitos de desestabilización, reventa de productos de primera necesidad y el boicot, señaló la Fiscal General.
Díaz enfatizó que ante la actual guerra económica, el Estado venezolano y la población tienen que prepararse y abordar el tema con todas las herramientas que otorga el Estado.
Los artículos 55, 56 y 57 se refieren al boicot (multa, ocupación temporal y prisión de 10 a 12 años), desestabilización de la economía (pena máxima en su límite máximo y confiscación de bienes) y reventa de productos de primera necesidad (multas y comiso de productos).
En la Jornada de formación para fiscales del Ministerio Público y funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos, participaron también la líder de dicha institución, Andreína Tarazón, además del Mayor General (M/G) Luis Motta Domínguez, Intendente del organismo.
La Superintendenta Tarazón reflexionó sobre cómo la impunidad de los delitos socava las bases morales del pueblo. Se comprometió a hacer cumplir, junto al Poder Popular, la nueva Ley. Exigió y apoyó, el castigo a los culpables y el impulso del Estado a los comerciantes honestos.
Necesitamos el compromiso ético de las y los profesionales de nuestras instituciones, junto al pueblo organizado y consciente, dijo Tarazón, al auditorio colmado de servidoras y servidores públicos responsables de que el novedoso ordenamiento legal impacte favorablemente en la economía criolla.
Precisó que los delitos de acaparamiento y especulación atentan contra el patrimonio de millones de personas. “Tenemos la necesidad de transformarnos culturalmente y repudiar el delito y el robo”, aseveró.
Por parte del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, el M/G Hebert García Plaza, enfatizó que aunque los vendedores informales también son víctimas de la usura, la ley es clara: la reventa de productos de primera necesidad es un delito. “Todo el que incurra en los hechos previstos en la Ley será sancionado”, acotó.
Explicó que el espíritu de la ley no es atacar a los comerciantes (ni pequeños, ni grandes) sino acabar con la cadena especulativa en la economía local. “Tuvimos experiencias recientes que demostraron que la usura está en el sector privados, pero cuenta con la complicidad de algunos funcionarios públicos”, dijo.
Por su parte, el intendente de Precios Justos de la Sundde, M/G Luis Motta Domínguez, manifestó que estas actividades de difusión de la Ley han sido organizadas para cubrir todo el territorio. “Debe convertirse en un espejo de la situación de los precios en la calle”, aclaró.
