La responsable de la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (SUNDDE), Andreína Tarazón, comparó hoy con «criminales de guerra» a aquellos que acaparan alimentos, en momentos en que el país vive un nuevo episodio de escasez de bienes.
«Hay factores que insisten en delinquir, en comportarse como criminales de guerra porque acaparar toneladas de alimentos, dejar que estén en estado de descomposición toneladas de carne (…) desviar toneladas y toneladas de alimentos hacia Colombia son actitudes que cometen criminales de guerra», dijo la también ministra de la Mujer a la emisora local Unión Radio.
«Son finalmente actitudes que van en detrimento de millones de personas, que afectan la estabilidad del país», agregó.
Frente a esto, Tarazón sostuvo que el Gobierno «no tiene otra opción» que aplicar la nueva Ley de Precios Justos, que pretende controlar los precios y acabar con la escasez, apoyada en la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
«El llamado es a la conciencia, a la autorregulación. No va a ser fácil ni va a ser un destino feliz para ningún comerciante de nuestro país o empresario tener que pasar los próximos 10, 14 años de su vida (…) en una fría cárcel en nuestro país», indicó Tarazón, de 25 años y la cara más joven del Gobierno de Nicolás Maduro.
La nueva ley, que prevé la aplicación de medidas preventivas y sanciones como el decomiso, la ocupación temporal de establecimientos o bienes, fue rechazada por las cámaras empresarias, quienes anunciaron que pedirán su nulidad ante la Justicia.
Consultada al respecto, Tarazón afirmó que los pronunciamientos de patronales como Fedecámaras «dan risa» y «vergüenza».
«Uno no tiene ni que tomarlos en cuenta porque es como un ladrón, un violador, como un estafador que pretenda ir a pedir la nulidad del Código Penal en nuestro país», señaló.
La ley establece en su apartado de lucha contra el acaparamiento que quienes «restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados (…) para provocar escasez o distorsiones en sus precios, serán sancionados por vía judicial con prisión de 8 a 10 años».
Además, prevé multas que van desde 107.000 bolívares (17.000 dólares) a los 5,3 millones de bolívares (850.000 dólares).
El nuevo mecanismo se articula bajo la SUNDDE, que ejercerá la «rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios».
Maduro advirtió ayer a los empresarios que tienen plazo hasta el próximo lunes para ajustar sus precios y señaló que quien viole la nueva Ley de Precios Justos se expondrá a medidas radicales como la expropiación.
Maduro lanzó en noviembre pasado una cruzada para que los comercios vendan sus productos a precios justos y al iniciar el año dijo que esta ofensiva entrará en una nueva etapa.
La economía venezolana sufre recurrentes episodios de desabastecimiento de productos de consumo, como papel higiénico o leche, que obligan a las personas a recorrer varios supermercados para encontrar lo que necesitan. EFE
