Insisten en que la Ley de Precios Justos «lejos de contribuir a la solución de los problemas, continuará agravándolos».
A continuación el comunicado completo:La Exposición de Motivos de la Constitución señala que el Estado Democrático de Derecho y de Justicia implica “someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Constitución y las leyes, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e interese legítimos” y eso es precisamente lo que pide FEDECAMARAS. Dentro del marco del orden jurídico solicitaremos la nulidad de la mal llamada Ley de Precios Justos por ser contraria a una Constitución que prohíbe la confiscación, salvo en los casos que ella expresamente contempla y que garantiza el derecho al debido proceso, vulnerado de manera inequívoca en la Ley mencionada.
La Constitución contempla que el Tribunal Supremo de Justicia debe declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales que colidan con las normas que ella contiene y los ciudadanos tienen el derecho, consagrado en la Carta Magna y en la Ley, de solicitar esas nulidades. El poder hacerlo forma parte de los derechos más elementales que existen en un sistema democrático. La decisión corresponde a los jueces; y tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Nacional deben esperar sus decisiones en un marco de respeto y de no injerencia.FEDECAMARAS en el marco de la Constitución Nacional, decidió de manera unánime introducir una demanda de nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos ante el TSJ.
En momentos en que el país está sumergido en la más profunda escasez de alimentos básicos, donde el venezolano parece tener que acostumbrarse a las largas e inmensas colas para comprar una harina precocida, papel higiénico, leche, medicamentos entre otros productos de primera necesidad, en momentos en que el país registra los más bajos niveles de productividad, donde la inflación se consume por completo los salarios de los trabajadores, no entendemos como a la superintendente Andreina Tarazón, le da “risa” nuestra solicitud de nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos; Ley que lejos de contribuir a la solución de los problemas, continuará agravándolos.
Para el gremio empresarial, actitudes como éstas, solo evidencian el desconocimiento a la gravedad de la crisis económica que hoy tenemos por delante.
Los empresarios honestos de este país, generadores de empleo, que aportamos el 58% del PIB, ratificamos que seguiremos defendiendo un Estado de derecho, donde se proteja la propiedad privada, la democracia, donde se estimulen la libre iniciativa. Desde FEDECAMARAS seguiremos procurando una Venezuela próspera y productiva, haciendo un llamado abierto a todos los sectores del país para que se deje de lado esta diatriba inútil que entorpece la buena marcha de nuestro país en momentos tan complejos.
