En la última década la relación entre las empresas privadas y el gobierno venezolano ha sido, lo menos, turbulenta. Pero ello no ha provocado una huída en masa de las corporaciones multinacionales.
Durante los 15 años de la llamada revolución bolivariana del difunto Hugo Chávez, los capitales privados han sido objeto de expropiaciones, controles de todo tipo e innumerables obstáculos burocráticos.
Esta misma semana, el presidente, Nicolás Maduro, recordó a los empresarios: «¡No me subestimen, sectores de la burguesía! Si hay que expropiar, ¡vamos a expropiar!».
Ahora que el gobierno decretó un margen de ganancia del 30%, que la inflación es la más alta de América Latina y que las empresas no pueden sacar sus divisas del país, pareciera que Venezuela se ha vuelto el lugar menos atractivo del mundo para tener un negocio.
Pero también ocurre que un puñado de transnacionales de las industrias alimentaria, bancaria y petrolera, entre muchas más, no solo optaron por quedarse en Venezuela, sino por mantener en este país una de sus operaciones más grandes en América Latina.
Cientos de multinacionales aún operan en Venezuela, incluyendo Procter & Gamble, Chevron y Telefónica.
Con eso, uno puede retomar la pregunta que la banda de rock chilena Los Prisioneros -quizá en un contexto distinto, pero sin duda parecido- hizo famosa en los 80: ¿Por qué no se van?
Las dificultades
En el informe Doing Business del Banco Mundial del 2014, en el que se clasifican a las economías donde resulta más fácil hacer negocios, Venezuela está en el puesto 181 entre los 189 países que mide el estudio.
Según el reporte, Venezuela es particularmente insuficiente en proteger a los inversionistas, manejar los impuestos que éstos pagan a su favor y permitir el comercio a través de las fronteras, entre otras variables.
Las principales agencias de riesgo crediticio han bajado una y otra vez la puntuación de Venezuela en los últimos años.
Por otro lado, el control de cambio de divisas impuesto en 2003 por Chávez hace que las trasnacionales dependan del Estado para repatriar sus ganancias en dólares.
Y, en los últimos años, el Estado ha sido incapaz de entregar esos dólares a las transnacionales, que se han visto forzadas a comprar en el sector inmobiliario o expandir sus negocios a otros países así no sean rentables para proteger un capital que en el devaluado bolívar no les conviene guardar.
El gobierno tiene ahora una deuda de aproximadamente US$13.000 millones con el sector privado. En ese grupo están las farmacéuticas y las aerolíneas. Y de ahí que haya escasez de medicinas y que las aerolíneas funcionen a medias.
Así pues, el panorama no es fácil para los privados. No lo ha sido en todos estos años (ver recuadro). Algunos, de hecho, se han ido, sobre todo en el sector petrolero. Pero otros, la gran mayoría, no se van.
La renta petrolera
La diferencia más grande entre Venezuela y los otros países considerados riesgosos es que el país sudamericano es uno de los mayores productores de petróleo del mundo.
Venezuela exporta más de dos millones de barriles de petróleo al día. Producir un barril le cuesta US$15, y lo vende a US$105.
«¡No me subestimen, sectores de la burguesía! Si hay que expropiar, ¡vamos a expropiar!»
Esos US$90 por barril son lo que se conoce como la «renta petrolera», un dinero que no solo permite al gobierno la expansión del gasto público, sino que le garantiza préstamos en el exterior.
«Todo ese dinero que tiene el gobierno, que puede gastarlo como quiera porque no hay instituciones que lo regulen, entra a la economía real y laboral», le dice a BBC Mundo el director del centro de investigación Econométrica, Ángel García Banchs.
«Esto le permite a las empresas amasar una renta que no es producto de su estrategia; que no es gracias a su eficiencia o su productividad, sino a que hay mucha liquidez monetaria», señala.
Las transnacionales no se suelen quejar -al menos públicamente- de que el gobierno imponga restricciones y controles.De hecho, Waleska Miguel, una alta funcionaria de Coca-Cola en Venezuela, dijo esta semana que la multinacional estadounidense mantiene una «extraordinaria» operación en el país.
Quien lleva la voz de las quejas suele ser Fedecámaras, el organismo que agrupa al sector privado en Venezuela, a quien el gobierno critica por haberse convertido más en un actor político.
No es «apague y vámonos»
Por definición, una empresa obtiene más ingresos cuando hay mayor riesgo, si no es que algo la desploma. «Acá te matan al personal, te expropian, hay riesgo cambiario, pero si logras establecerte, el marcaje alto de los precios te permite compensar el riesgo», asegura García Banchs.
También por definición, destaca el economista Maxim Ross, «ninguna empresa está dispuesta a abandonar un mercado salvo que llegue un punto de colapso, de expropiación o de conflicto final».
El también consultor le dice a BBC Mundo: «Venezuela tiene una economía demasiado rentable como para que una empresa decida dejarle un hueco que ya tiene a otra».
«Entrar en un mercado», afirma, «implica una inversión grande en publicidad, infraestructura y gente que no vale la pena perder así el ambiente sea hostil».
Por otro lado, señala Ross, «las empresas siempre están, como todos, a la expectativa de que haya un cambio de gobierno que les favorezca y justifique esta espera».
Algo que la consultora política y económica del ODH Grupo Consultor Anabella Abadi comparte. «Es que las empresas están en una carrera de resistencia más que de velocidad», le comenta a BBC Mundo.
Banchs, por su parte, se pregunta algo incluso más básico en relación a la deuda con los privados: «Y es que si no hay dólares, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vas a hacer con la plata del edificio que vendiste, por ejemplo?»
Así quieran, para las empresas irse no es tan fácil como decir «apague y vámonos».
