La abogada y defensora de Derechos Humanos, Tamara Sujú, en representación de las organizaciones Foro Penal Venezolano, Nueva Conciencia Nacional, Fundepro, Fundesis, Idel y Damas de Blanco, entregó ante la misión en Caracas de la Organización de Estados Americanos (OEA) un documento para denunciar el caso de siete venezolanos detenidos en el estado Nueva Esparta, que el día domingo 2 de Febrero, participaban en una protesta pacífica frente al Hotel Venetur.
“Nosotros estamos solicitando a José Miguel Insulza de sus buenos oficios para que inste al gobierno venezolano a la liberación inmediata de los siete presos en Nueva Esparta por protestar pacíficamente. También solicitamos que mientras se le otorgue la libertad, estos venezolanos sean recluidos en un sitio donde se le garanticen los derechos humanos y su dignidad”.
Sujú informó que la cárcel de Puente Ayala, conocida como el “infierno”, es de alta peligrosidad y ya han sido amenazados de muerte. “Están en condiciones infrahumanas, donde no tienen luz, no tiene agua, duermen en el piso, donde sólo le permiten a las esposas verlos durante 10 minutos. Uno de ellos fue golpeado en el ojo, tiene la cara deformada de la hinchazón, está suturando y no ha recibido atención médica”.
La abogada señaló que en el documento se denuncia la situación en Venezuela en cuanto a la represión que está ocurriendo en el país por protestar pacíficamente. Recordó la situación en Nueva Esparta cuando un grupo de personas protestaban en los alrededores del hotel Venetur.
“Queremos manifestar nuestra preocupación a José Miguel Insulza contra las agresiones que han sufrido los venezolanos por protestar pacíficamente. Estas personas protestaban no contra los peloteros cubanos sino contra el gobierno de Nicolás Maduro y la injerencia cubana en Venezuela. Aprovechaban que había prensa internacional, debido al cerco mediático que hay el país para denunciar. Luego el día lunes fue secuestrado por el Sebin el concejal Giuseppe Di Fabio sin orden de aprensión”.
Sujú indicó que Di Fabio no se encontraba ni siquiera en la isla, sin embargo, se le imputan los delitos de instigación pública en grado de “determinador”, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Los otros 6 detenidos, entre ellos el también concejal de Voluntad Popular David Corzo, fueron acusados por supuesta instigación pública, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir.
“Estamos exigiéndole al gobierno venezolano que libere a estas personas, que están protestando pacíficamente y no agredieron a ninguna delegación, estaban muy lejos del hotel. Estas personas son recluidas en una cárcel de alta peligrosidad, sin ser delincuentes”.
La abogada indicó que la semana que viene la delegación acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección para los siete presos políticos de Nueva Esparta, así como a otras instancias internacionales donde se pueda denunciar la violación de los derechos humanos en el país.
