«No me subestimen sectores de la burguesía. Si hay que expropiar (empresas) vamos a expropiar» amenazó esta semana el presidente Nicolás Maduro, en caso de que se detectan comercios violando la Ley de Precios y Costos Justos, promulgada el 24 de enero.
Maduro busca replicar la estrategia de su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien estatizó sectores estratégicos como el energético, de comunicaciones, tecnológico, entre otros, para controlar más la economía.
La nueva ley fija un margen de ganancia máximo de 30% y estrictas sanciones administrativas y penales, de hasta 14 años de prisión, a quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes, como parte del plan gubernamental contra la inflación de 56,2% en 2013 y la escasez de productos como leche, azúcar, arroz o papel higiénico.
Pero los empresarios rechazan las amenazas del mandatario y esta semana Fedecámaras, la mayor gremial empresarial del país, anunció que impugnará ante el Tribunal Supremo de Justicia esta ley que, además de ser «inconstitucional», restringe la libertad económica, limita la oferta y aleja las inversiones.
«Todas las empresas, al ser de utilidad pública sin importar su tamaño, quedan listas para expropiaciones, para ser confiscadas por el Estado sin el pago oportuno», explicó el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig.
«Con las expropiaciones no se genera prosperidad. Es un anuncio temerario y que muestra la práctica autoritaria del gobierno y su pretensión de administrar la economía bajo el uso de la fuerza», expresó a la AFP el director de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado.
Pese a las críticas y en un intento por reforzar la aplicación de la Ley de Precios y Costos Justos, Maduro convocó para el lunes a los gobernadores y alcaldes del país a un taller sobre la normativa, que tendrá lugar en la sede de la Presidencia, y que podría volver a reunir al chavismo y la oposición, cosa impensable hace meses.
Expropiaciones ineficientes
Los empresarios y analistas coinciden en que las compañías estatizadas en los últimos 15 años por el chavismo han disminuido su producción y son ineficientes.
«Las marcas que no están en el mercado son las expropiadas. El gobierno controla la mayoría de las centrales azucareras y no hay azúcar, controla todas las plantas de cemento y no hay cemento (…) ¿Ese es el gobierno que dice que para resolver los problemas va a continuar expropiando?», cuestionó el economista Luis Vicente León.
«Esto es más una estrategia política para calmar la visión de la crisis que la población tiene y tratar de desviar las responsabilidades hacia un tercero, puede funcionar políticamente pero no económicamente», añadió León, director de la encuestadora Datanálisis.
Maduro continuará así su cruzada contra la supuesta «guerra económica» que según él impulsan empresarios y opositores, luego de que ordenara en noviembre rebajas forzosas en varios rubros, como electrodomésticos, ropa y calzado, un mes antes de las elecciones municipales.
Además, el mandatario en enero devaluó el tipo de cambio -de 6,30 a 11,30 bolívares por dólar- en algunos sectores no prioritarios para reducir la demanda de divisas y las presiones sobre el dólar negro, que al encarecerse dispara la inflación.
Pero en plena escasez de dólares debido, entre otras cosas, al pago de la deuda externa y al estancamiento de la producción y venta de crudo, fuente del 96% de las divisas que ingresan al país, el gobierno -que controla el mercado cambiario desde 2003- ha limitado todavía más la asignación de divisas para importaciones.
En un país que trae del exterior casi todo lo que consume, el resultado de las medidas del gobierno y de la falta de divisas son tiendas con repisas vacías, cerradas o con un horario de atención al público restringido, pues no han podido reponer mercadería.
AFP
