Después de investigar y comprobar delitos como manejo doloso y malversación de fondos, la Fiscalía número 23 del Ministerio Público dictó medidas de privativa de libertad a cinco ex trabajadores del Instituto de Beneficencia Pública y Asistencia Social Lotería del Táchira.
Por este caso hay otras 25 personas solicitadas, entre ex directivos, personal administrativo y trabajadores sociales.
El presidente del Consejo Legislativo del Táchira, Omar Hernández, explicó que con las pruebas recopiladas y múltiples denuncias ante los organismos judiciales, se detectó que algunas de estas personas aprobaban ayudas sociales cuyos recursos monetarios no eran entregados, sino depositados a cuentas privadas de familiares o allegados.
«La Fiscalía investigó y determinó la culpabilidad de los directivos, como el presidente, vicepresidente, tesorero y gerente general, además, hay una gran cantidad de personas involucradas. Esto quiere decir que nuestras denuncias no eran mentiras, ya que tienen fundamento y soporte», apuntó.
Hernández comentó que también se esperan resultados de las investigaciones realizadas al personal que dirigió la Corporación de Infraestructura, Mantenimiento de Obras y Servicios (Corpointa), la Compañía Anónima Industria Minera de Táchira (Caimta), la Corporación de Salud (Corposalud), el Instituto del Deporte Tachirense (IDT) y de la Fundación para el Desarrollo del estado Táchira (Fundatáchira).
«Hay que responder ante la inquietud de la población y estas personas deben asumir su responsabilidad en caso de comprobarse su participación en hechos de corrupción. Tenemos que identificar dónde está la corrupción, porque todo aquél que viole el marco jurídico y las leyes debe acatar», apuntó.