Los representantes empresariales expresaron su más firme rechazo a la aprobación de esta Ley de Precios ante lo cual la reacción gubernamental no se hizo esperar
Noel Álvarez * //// Twitter: @alvareznv // Coordinador Nacional de “Gente” Generación Independiente
Mientras en el país cada día se incrementa la incertidumbre ante la crisis económica que avanza inexorablemente, mientras la escasez campea por la falta de divisas para importar la casi totalidad de los productos que consumimos, mientras los delincuentes nos han impuesto una suerte de toque de queda, el gobierno, entre gallos y media noche, acaba de aprobar la Ley de Costos y Precios, la más peligrosa para la salud de la Republica que hayamos visto en estos últimos 15 años.
Con esta Ley, de características comunistas, se firma el decreto de guerra a muerte contra la actividad económica y la propiedad privada. De ahora en adelante, cualquier persona que ejerza actividad económica, sea cual sea el tamaño de su negocio, queda sujeto a la discrecionalidad de los funcionarios gubernamentales que tienen en sus manos la libertad o la prisión para quien pretenda ejercer cualquier trabajo por cuenta propia.
Desde el buhonero que ejerce sus actividades en cualquier calle del país hasta el más encumbrado empresario, a partir de su entrada en vigencia, ninguno tendrá poder de disposición sobre sus bienes, porque este instrumento inconstitucionalmente deroga el mecanismo de expropiación y lo sustituye por la confiscación, eliminando la declaratoria de utilidad pública y el justo pago por el bien.
Los representantes empresariales expresaron su más firme rechazo a la aprobación de esta Ley de Precios ante lo cual la reacción gubernamental no se hizo esperar. Andreina Tarazón, superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos, dijo: «No entiendo cómo estos actores económicos piden la nulidad, es como que un ladrón y un corrupto pida la nulidad del Código Penal». Infelices declaraciones que no se compadecen con el tono y el respeto que debería tener por todos los venezolanos aun cuando tengan opiniones diferentes. Muy mala señal para todos los ciudadanos de un país que demanda un diálogo constructivo y respetuoso. Por su parte, el primer mandatario amenaza con confiscar, hacer una revolución económica. Me parece injusto que se trate a un sector peor que a los delincuentes que transgreden la ley, a quienes los llaman “buenandros”.
Rechazo firmemente todo lo que atente contra la salud y alimentación del pueblo. Estoy de acuerdo que se combata y establezcan sanciones a quienes pongan en riesgo la calidad de vida de los que menos tienen, pero no es justo generalizar y criminalizar al sector empresarial, que hasta ahora ha sido el que le ha sacado los pies del barro al gobierno y contribuido produciendo lo poco que aún se hace en el país. ¿Es justo?
