Fuerzas de seguridad de Venezuela allanaron las viviendas de Leopoldo López y sus padres durante la madrugada del domingo, tratando de arrestar al dirigente opositor por su supuesta implicación en los incidentes violentos que se han presentado en días recientes en Caracas y otras ciudades del interior del país.
La vivienda de López, líder nacional del partido opositor Voluntad Popular, y la de sus padres fueron allanadas por miembros de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) y de la Guardia Nacional, informó el jefe de prensa de la organización política, Johan Merchan, en su cuenta de Twitter.
Merchan indicó a The Associated Press que los funcionarios militares se presentaron primero en la casa de los padres de López, en el este de la ciudad, donde estuvieron media hora, y luego se trasladaron a la residencia del opositor, donde realizaron un allanamiento por una hora.
López tiene orden de captura por su supuesta responsabilidad en los hechos violentos que se han registrado en el país en los últimos cuatro días. El dirigente opositor, que asegura ser un «perseguido político» del gobierno, ha rechazado los señalamientos.
Al condenar el proceso contra López, el líder opositor Henrique Capriles afirmó el domingo que el dirigente «no solamente está en el país, sino que va a hacerle frente a esta situación de persecución del gobierno».
«Estamos viviendo un momento muy crítico, sumamente crítico de respeto a la constitución», dijo Capriles en conferencia de prensa, al señalar a las autoridades de estar reprimiendo las protestas con violencia.
Dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro, el ex candidato presidencial opositor dijo: «Hay formas de controlar (las protestas). Usted no puede reprimir una manifestación a plomo. Eso es completamente violatorio de todos los tratados, todas las garantías de los derechos humanos, nuestra constitución».
«El olor que hay hoy es que el gobierno infiltra (las manifestaciones) para tratar de convertir entonces la protesta pacífica en un foco de violencia. Está como obvio que la violencia está tapando la gravísima crisis que estamos viviendo. Escasez, devaluación, inflación, la situación misma de la inseguridad», agregó.
El gobernador de estado central de Miranda llamó a los militares a cumplir su rol y dijo que «la fuerza armada no es un brazo ejecutor de directrices de un partido político».
Capriles criticó la postura que ha mantenido el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, frente a la crisis de Venezuela y dijo que es una «vergüenza» para toda América.
El dirigente anunció que convocará en los próximos días a una protesta en rechazo a los grupos paramilitares que operan en el país.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, confirmó el domingo que López tiene una orden de captura y lo conminó a entregarse. «Él tiene sus derechos garantizados como un ciudadano más de este país», dijo Rodríguez a la televisora estatal.
El ministro responsabilizó a Voluntad Popular de los incidentes violentos que se han presentado en los últimos días en Caracas y otras ciudades del interior del país.
El secretario de estado de Estados Unidos, John Kerry, se manifestó en la víspera «muy preocupado» por las tensiones y la violencia que se viven en Venezuela, y particularmente «alarmado» por las informaciones sobre detenciones de manifestantes y la orden de arresto contra López.
Kerry pidió en un comunicado la liberación de los detenidos y que se restaure la calma en el país.
Maduro fustigó el sábado a López durante una concentración oficialista en el centro de Caracas. Sin mencionar su nombre, el mandatario dijo: «Cobarde fascista, entrégate que te estamos buscando».
El gobernante responsabilizó al ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, de «estar detrás de todos esos movimientos violentos que se desarrollan en Venezuela», y dijo que «quiero decirle a los locos fascistas que Maduro no va a renunciar».
La Fiscalía General abrió el año pasado dos procesos contra López, de 42 años, por la supuesta malversación de una partida presupuestaria cuando ejercía como alcalde de un municipio capitalino hace 12 años, y por las presuntas irregularidades que se habrían cometido con dos donaciones que efectuó la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en 1998 a favor de la asociación civil Primero Justicia que tiempo después se transformó en un partido.
Por este último caso también fue imputada la madre del dirigente político, Antonieta Mendoza de López, quien se desempeñaba como gerente de comunicaciones de PDVSA cuando se hicieron las donaciones.
AP
