Un total de 8 muertos y 137 heridos han dejado las protestas en todo el país, confirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. “Tenemos 4 (fallecidos) en el Área Metropolitana de Caracas, 2 en Carabobo, uno en Sucre y uno en Lara”, precisó.
Díaz señaló que la última víctima fallecida en las manifestaciones que se han suscitado los últimos días en el país fue un fiscal que chocó al esquivar una barricada.
Informó que 80 personas fueron privadas de libertad que serán presentadas este viernes en los tribunales de diferentes estados como: Anzoátegui, Carabobo, Aragua, Lara, Caracas y Miranda.
Asimismo, la fiscal dijo en su programa Justicia y Valores en Unión Radio que la investigación que se realizó sobre el asesinato del joven Bassil Da Costa está «casi concluida» y que informará «muy pronto sobre estos hechos».
Sobre una denuncia de un joven de Valencia que aseguró que había sido violado con un fusil, la fiscal señaló que eso fue una denuncia que hicieron él y su abogado a medios de comunicación.
La fiscal narró que antes de realizarse la audiencia de presentación a este y otros jóvenes se les hicieron reconocimientos médicos forenses.
«Cuando se le practicó este examen a este joven él no dijo nada sobre violación con un fusil, él nada mencionó al respecto y luego que el médico lo ausculta y le pregunta tampoco él menciona esta circunstancia», señaló, agregando que el médico determinó que había «contusiones de carácter leve».
Indicó que tampoco mencionaron esa situación en la audiencia aunque sí «malos tratos», por lo que una juez ordenó exámenes médicos e inició una investigación penal.
Ortega aseguró que independientemente de todo eso ordenó enviar un equipo de la unidad criminalista contra la vulneración de derechos fundamentales para investigar esta situación y determinar la certeza o falsedad de esa denuncia de este joven, que está siendo sometido a exámenes médicos.
«Este Ministerio Público está comprometido con la defensa de los derechos humanos (…) porque no voy a permitir violaciones de derechos humanos», agregó.
Ortega señaló que si se determina que la denuncia es cierta la población puede tener «la seguridad de que van a ser sancionados los responsables de este hecho» y si es incierto se mirará qué es lo que prevé la legislación para estos caso.
