Raquel Gamus
De manera creciente organizaciones multilaterales, gobiernos, ONG S, artistas e intelectuales han hecho pronunciamientos. Imposible recogerlos en este breve espacio, por lo que me refiero solo a algunos.
Ineludible referirme a la OEA.
A un tímido llamado al diálogo y la paz de su secretario general, seguido por una discusión no agendada en la reunión ordinaria del Consejo Permanente, introducida por la representante de EEUU, quien expresó preocupación e instó al diálogo, seguida por Canadá, Panamá y Perú.
Pasividad que refuerza la intención de otras organizaciones regionales de desplazarla. Una de ellas, Unasur, se limitó a condenar la violencia y a exhortar indistintamente a todas las fuerzas políticas y sociales del país a mantenerse dentro del ordenamiento constitucional, obviando que precisamente quien lo viola es el gobierno. El comunicado de la CELAC además de rechazar la violencia y de exhortar al diálogo y la paz incluyó asuntos de responsabilidad gubernamental como garantizar la institucionalidad democrática.
Se pronunciaron también la Unión Europea a través de su Alta Representante para la Política Exterior, quien defendió el derecho a la participación y a la manifestación pacífica, el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien además recordó al gobierno su obligación de investigar de forma inmediata, exhaustiva e imparcial las muertes y casos de uso excesivo de la fuerza, de conformidad con sus compromisos internacionales. Los insultos de Maduro no se hicieron esperar, también, por ahora, los ha proferido contra Uribe, Santos y el gobierno de Obama.
Destacan por valientes y dignas las declaraciones de Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, quien al llamado a respetar los derechos humanos y rechazar que en un país democrático se encarcele o se asesine por manifestar diferencias, agregó su pesar con los gobiernos cercanos geográficamente a Venezuela por el «silencio culposo» en el que han caído al no pronunciarse sobre el asunto. ¿Se habrán sentido aludidos Pepe Mujica, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet? Me refiero a ellos porque aun cuando conocieron de persecuciones y torturas, y sus compatriotas encontraron los brazos abiertos en la Venezuela democrática, han permanecido pragmáticamente indiferentes no sólo ante el prolongado autoritarismo chavista, sino ante los desmanes de las fuerzas militares y parapoliciales del gobierno harto documentadas. Vergonzosas resultan las recientes declaraciones del presidente Mujica, quien palabras más palabras menos, interpreta que lo que ha trastornado a la sociedad venezolana es el contrabando que explota en la diferencia cambiaria que provoca «ciertas dificultades de abastecimiento» en una sociedad que tiene como cultura el consumo. Irresponsable banalización que más que silencio es apoyo cómplice a las mentiras tejidas por el gobierno de Maduro para tratar de justificar el fracaso de un modelo que ha llevado al país a una gravísima e inédita crisis.
