Autoridades oficialistas rechazan las protestas como la obra de vándalos que buscan desestabilizar al Gobierno, y dicen que han agravado los problemas sobre los que se quejaban al restringir la entrega de alimentos y alterar el orden público en beneficio de delincuentes
Vidrios rotos, un refrigerador destruido y los restos calcinados de un coche obstruyen las calles del barrio Pirineos de la occidental ciudad venezolana de San Cristóbal, creando el ambiente de una comunidad sitiada.
Pero de hecho los habitantes de este vecindario de clase media han puesto la barricada ellos mismos, como parte de una protesta que exige la renuncia del presidente socialista del país, Nicolás Maduro.
Las rejas de las alcantarillas han sido levantadas, dejando grandes brechas en la calle. Los residentes son quienes deciden qué coches pueden pasar la barricada y cuándo.
«Tenemos esta barricada mancomunada, los vecinos hicimos una asamblea y estamos todos de acuerdo», dijo un corpulento hombre quien no se identificó, mientras jóvenes con las caras ocultas por capuchas bajaban sacos de piedras de una camioneta, reseñó la agencia de noticias Reuters.
«Esto se llama resistencia. Aquí no vamos a aflojar, hable el gobernador, hable el presidente», agregó.
Casi todos los negocios de la ciudad están cerrados y el transporte público ha sido suspendido.
Manifestaciones esporádicas que se iniciaron hace unos dos meses en San Cristóbal, llamada «La Ciudad de la Cordialidad» por las fama de buenas maneras de sus habitantes, se extendieron hasta convertirse en un movimiento de protestas nacional y han sitiado la ciudad de 250,000 habitantes.
Los habitantes de San Cristóbal, capital del estado Táchira en la frontera entre Venezuela y Colombia, sobre las estribaciones de la cordillera de Los Andes, dicen que sufren lo peor del desatado crimen y de la escasez de productos básicos que atenaza al país.
También denuncian lo que dicen ha sido una brutal represión de sus protestas por parte de la Guardia Nacional, mientras que autoridades afirman que las fuerzas del orden se han controlado al enfrentar a revoltosos encapuchados armados con piedras.
Autoridades oficialistas rechazan las protestas como la obra de vándalos que buscan desestabilizar al Gobierno, y dicen que han agravado los problemas sobre los que se quejaban al restringir la entrega de alimentos y alterar el orden público en beneficio de delincuentes.
Grupos de motociclistas han saqueado supermercados, tiendas de zapatos y hasta discotecas en horas de la noche esta semana.
Pero las barricadas se quedarán donde están hasta que el presidente los escuche, dicen los manifestantes, que incluyen desde profesionales bien vestidos hasta adolescentes armados de cócteles molotov e improvisadas máscaras antigás.
«Hay una ciudadanía que tiene una expectativas que el Gobierno no cumplió, que tiene unas necesidades y que siente que por medio de esta expresión que hace está contribuyendo con el cambio en el país», dijo el joven alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien apoya las protestas.
• «UNA FRIA CELDA»
La frontera occidental de Venezuela sufre desde hace años por altos niveles de criminalidad, en parte por la cercanía con Colombia, desde donde cruzan rebeldes armados de una guerra civil de más de 50 años.
La escasez crónica de alimentos se agrava en la región dado que los colombianos suelen cruzar la frontera para comprar alimentos generosamente subsidiados por el Gobierno venezolano y venderlos en el país vecino.
El líder opositor Leopoldo López, actualmente encarcelado acusado de incitar a la violencia en las protestas, se sumó en enero a las manifestaciones en Táchira en busca de una plataforma nacional para denunciar el crimen y la inflación.
Al menos 13 personas han muerto en hechos vinculados con las protestas desde una manifestación en Caracas el 12 de febrero, encabezada por López.
El presidente ha prometido que restablecerá el orden en la ciudad, a donde envió a su ministro del Interior, un oficial militar, y a cientos de soldados como refuerzos.
Y afirma que el alcalde Ceballos está conspirando con políticos derechistas de Colombia para dar un golpe de Estado.
«Es cuestión de tiempo para que él termine en la misma celda fría donde está su compinche (López)», dijo Maduro la semana pasada. «No vamos a permitir que incendien este país».
Desplazarse por la ciudad requiere de ágiles motociclistas capaces de desplazarse por calles laterales, esquivar llantas en llamas y usar estrechos espacios entre las barricadas dejados por los propios vecinos.
Los estudiantes del Táchira son celebrados a través de las redes sociales por simpatizantes de la oposición por su capacidad para cerrar la ciudad. Las protestas en la capital, Caracas, se han limitado casi del todo a choques con las autoridades en vecindarios acaudalados, en horas de la noche.
• FUNERAL
Algunos sectores de la oposición cuentan con que si las protestas se mantienen por suficiente tiempo, eventualmente forzarán a un cambio en el Gobierno.
Esa estrategia, que hasta el momento no ha dado señales de afectar ni al presidente ni a la vital industria petrolera del país, podría además resultar contraproducente, como ya ocurrió en el pasado con maratónicas protestas contra el fallecido presidente Hugo Chávez.
Durante sus 14 años en el poder, adversarios de Chávez recurrieron en varias ocasiones a esa estrategia, pero al final las protestas perdían intensidad, a veces semanas o meses después, mientras los opositores desanimados volvían a sus vidas normales.
Esta semana, líderes de la oposición han rechazado en dos oportunidades llamados oficiales a reuniones políticas sobre las protestas, lo que ha reforzado la percepción entre simpatizantes del Gobierno de que no les interesa el diálogo.
Y hasta los funerales de los activistas muertos por la violencia callejera han devenido en ocasión para más marchas.
El martes, opositores hicieron procesión detrás del féretro de Jimmy Vargas, de 34 años, quien había muerto el día anterior durante una protesta, cuando según testigos fue golpeado por un contenedor de gas lacrimógeno y cayó desde un balcón.
Algunos de los participantes llevaban palas para despejar el camino para quienes llevaban el ataúd, en su paso por una barricada que incluía los restos de la estatua de un soldado y un vehículo militar tomado de un monumento cercano.
En el lugar de su muerte, la madre de Vargas, Carmen González de 58 años, sostenía el casco de motociclista de su hijo junto a una rosa roja y un crucifijo.
Culpando de su muerte a la Guardia Nacional, dijo que «le pido al señor presidente que deje manifestar a los estudiantes, que los deje tranquilos, Dios mío, como hermano, como hijo».
