«Diálogo a plomo limpio y amenaza con la arrechera armada que la revolución puede tener como respuesta a los países hermanos que se preocupan por nuestra situación, no tienen correspondencia con un gobierno que está obligado a escuchar a unos estudiantes, a una sociedad civil, de su propia nación, que llevan recién cumplido un mes de protestas públicas con el apoyo de la unidad democrática, tanto a sus razones, como a sus pedimentos. En vez de enfurecerse con Panamá, el gobierno está obligado a oír a Venezuela».
Así se expresa el diputado por el estado Táchira, Miguel Ángel Rodríguez, quien recuerda que la inseguridad, el colapso de la producción nacional, la «escalada inflacionaria que ha hecho añicos el salario de los trabajadores, el deterioro brutal de los servicios públicos, la pérdida dramática del valor del bolívar frente a todas las demás monedas y la consecuencia de humillantes colas para pujar por productos en medio de una asfixiante escasez, fueron los detonantes reales de la protesta».
Por lo que considera una ola represiva con uso desproporcionado de la fuerza, al extremo de haber reclamado en la Asamblea Nacional la interpelación de los ministros de Defensa e Interior y Justicia, «por la participación además de grupos paramilitares que a sus anchas actúan contra manifestantes».
Rodríguez reclama al gobierno nacional que tanto Unasur y Celac, pero también delegaciones de la OEA y de la comisión contra las detenciones arbitrarias de la ONU, evalúen en Venezuela la situación de derechos humanos, sin ser tachados de conspiradores. «¿O es que acaso van a negar también 19 muertes, decenas de heridos y centenares de privados de libertad o sometidos a régimen de presentación?», se preguntó.