270.000 uniformados hacen operativos especiales en 50 municipios donde operan grupos armados violentos, para evitar acciones terroristas
BOGOTA — Miles de policías y militares fueron desplegados el sábado en puestos de votación de toda Colombia como parte del plan de seguridad para los comicios legislativos del domingo.
«Tenemos un cubrimiento de seguridad… de toda la geografía nacional en cuanto a puestos de votación, mesas», dijo el general Jorge Nieto, jefe de seguridad ciudadana de la Policía Nacional.
En total, añadió el funcionario en entrevista telefónica, son 270.000 uniformados —95.000 de ellos del Ejército y el resto policías— que custodian centros de votación y reforzaron la seguridad en 50 de los 1.102 municipios del país.
Esos 50 municipios —cuya seguridad se refuerza por la presencia de actores armados ilegales— están ubicados en regiones como Arauca y Norte de Santander, al noreste del país y en la frontera con Venezuela; así como en lo sureños departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, tanto como en la tradicionalmente conflictiva zona de Urabá, al noroeste colombiano.
«Es sobre todo para controlar o evitar acciones terroristas o contra miembros de las fuerzas militares y policiales», dijo Nieto al referirse al reforzamiento de seguridad en esas 50 localidades.
Unos 32,7 millones de colombianos, de los cuales 532.000 están fuera del país, están habilitados para sufragar este domingo en 96.722 mesas —1.600 de ellas fuera del país— y elegir un nuevo Congreso para el período 2014-2018, según datos de la Registraduría Nacional, que organiza los comicios.
Candidatos con
dudosos vínculos
El Ministro del Interior, Aurelio Iragorri, ha destacado que en los últimos procesos electorales en Colombia han sido mínimos los incidentes armados y esperan unos comicios el domingo sin problemas.
Sin embargo, el grupo no gubernamental Fundación Paz y Reconciliación advirtió en un estudio divulgado a fines de febrero que los riesgos que se mantienen en las elecciones son el de candidatos con «posibles vínculos con fuerzas ilegales o por relaciones con políticos procesados judicialmente».
La investigación de la Fundación indicó que 131 aspirantes —83 a la Cámara de Representantes y 48 al Senado— estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales, siendo la mayoría de esos candidatos pertenecientes a los partidos tradicionales Liberal y el Conservador.
(AP)
