La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reiteró que si bien el derecho a la protesta pacífica está previsto en la Constitución de la República de Bolivariana, cuestionó que muchas de las protestas ocurridas a partir del 12 de febrero han sido convertidas en situaciones de caos y violencia que han generado muertes, heridos y cuantiosos daños materiales en el país.
Así lo indicó durante su intervención en el XXV Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, donde expuso tanto el marco jurídico que rige al país en la materia, como la situación que se generó a partir del 12 de febrero con una serie de manifestaciones violentas.
Puntualizó que el derecho a manifestar es un mecanismo establecido y garantizado constitucionalmente que debe ser ejercido en forma pacífica, pero en caso que se pretenda utilizar para cometer delitos, el Estado tiene el deber de defender a los ciudadanos y aplicar sanciones a los infractores de acuerdo con lo que establezcan las leyes.
“Es necesario hacer un llamado a los mencionados organismos y a toda la comunidad internacional para que, antes de hacer consideraciones respecto a Venezuela, analicen con total objetividad, responsabilidad y estricto apego a la verdad, toda la realidad de nuestro país, no a través de pequeños fragmentos que no recogen todo lo acontecido”, precisó.
En ese sentido, se refirió al reconocimiento que contempla el artículo 68 de la Constitución acerca del derecho a manifestar: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.”
Acotando que las manifestaciones violentas no están ni pueden ser protegidas por la Constitución ni por tratados internacionales. Según la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que regula la materia en Venezuela, pueden considerarse como violentas aquellas que traten de impedir el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, que traten de fomentar desórdenes y que busquen obstaculizar el libre tránsito. “La ley incluso establece penas para estos casos”, precisó.
