Estados Unidos afirmó hoy que el Gobierno de Venezuela «falta descaradamente a la verdad» cuando trata de responsabilizarlo de las protestas en su país, y subrayó que no ha descartado ninguna «opción» para responder a esa situación, incluidas las sanciones.
«Los funcionarios en Venezuela que tratan de hacer que esto (las protestas) gire en torno a Estados Unidos están faltando descaradamente a la verdad sobre lo que está pasando allí», dijo a periodistas la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.
Los comentarios de Harf se producen poco después de que el ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, responsabilizara directamente al secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, de ser el «principal alentador de la violencia» en Venezuela y lo llamara «asesino del pueblo venezolano».
No obstante, preguntada por esos comentarios, Harf no quiso hacer declaraciones específicas al respecto.
La portavoz confirmó que la posibilidad de imponer sanciones a funcionarios venezolanos «sigue sobre la mesa», pero lo verdaderamente importante para Estados Unidos es que se produzca un diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que comenzó las protestas antigubernamentales hace más de un mes.
«Tiene que haber un diálogo para llegar a una resolución (de la situación). Eso es algo que tiene que pasar tanto si imponemos algún tipo de costo (aVenezuela) como si no», subrayó Harf.
«Las opciones siguen sobre la mesa, y si tenemos que dar más pasos, los daremos», indicó.
Kerry citó el miércoles al menos dos de esas opciones: imponer sanciones o invocar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), una vía más difícil dado que, para tener efectos concretos, requeriría el consenso en ese organismo de que en Venezuela ha habido una ruptura democrática.
La posibilidad de las sanciones tomó forma el jueves en el Congreso estadounidense, donde dos grupos de legisladores presentaron proyectos de ley bipartidistas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes con el fin de imponer sanciones contra los funcionarios venezolanos involucrados en los episodios de violencia.
Preguntada al respecto, Harf dijo hoy que el Congreso tiene un «importante papel que representar» respecto a la situación en Venezuela, pero no quiso hacer comentarios a favor o en contra de esos proyectos de ley.
«Tendremos esas conversaciones en privado con el Congreso, para ver hacia dónde podemos ir y si podemos hablar con una única voz sobre la política exterior en el país», indicó la portavoz.
«Nuestro objetivo aquí es que se produzca una situación en la que el pueblo venezolano sea escuchado por su Gobierno, y en la que tengan una voz a la hora de determinar su futuro», destacó, e insistió en que sería útil que en el diálogo hubiera un mediador «aceptado por ambas partes». EFE
