Las barricadas que desde hace semanas pueblan el estado Táchira en protesta contra el Ejecutivo van más allá de las calles y se han instalado en las posturas de los actores políticos, enfrentados e incapaces de ponerse de acuerdo para salir de la crisis que afecta al país.
Líderes de Gobierno, oposición y estudiantes invocan una llamada al diálogo que no satisface a ninguna de las partes mientras el conflicto amenaza con extender unos enfrentamientos que en San Cristóbal, capital del estado, ya se ha cobrado dos vidas.
Las Conferencias de Paz impulsadas por el Ejecutivo -la primera de ellas a nivel regional se desarrolló en Táchira hasta el miércoles- nacieron limitadas por la negativa de sectores de oposición y sobre todo por la ausencia en ellas de los movimientos estudiantiles que lideran las protestas.
«No es más que una emboscada a quienes hemos decidido manifestar pacíficamente y ejercer nuestro derecho constitucional. En materia de derechos nosotros no hacemos concesiones», dijo a Efe Leonardo Montilla, el miembro de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular por Táchira.
El intento de asalto a una estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA) de camino a las aulas el pasado 4 de febrero fue la mecha que prendió las protestas del sector universitario, cansado de pedir al gobernador de la entidad, José Vielma Mora, refuerzos en la seguridad de los centros de estudio.
Vielma ha reiterado que pese a los esfuerzos de la Gobernación nunca consiguieron encontrar a esa muchacha ni constatar el supuesto asalto.
Ese mismo día, un grupo de personas atacó su residencia oficial en San Cristóbal, hecho por el que fueron detenidas cinco personas, y que propició que las protestas se incrementarán y que trajeron de la mano la aparición en varios sectores de la ciudad de «guarimbas» como se conoce en Venezuela a los disturbios con barricadas.
Días después, el 7 de febrero, el movimiento estudiantil activó una agenda de calle por la que se sumaron a la protesta nacional convocada junto a sectores de oposición el día 12, así como a la de apoyo al dirigente antichavista Leopoldo López, el 18, cuando se entregó voluntariamente a las autoridades.
«Hay un grupo de personas que han utilizado el ropaje de estudiantes para desafiar el estado de derecho que existe en Venezuela», defendió el secretario de organización regional del oficialista Partido Para Todos (PPT) en Táchira, Juan Carlos Guevara.
Guevara apoyó así la idea defendida por el ministro de Interior, Miguel Rodríguez, durante el cierre de la Conferencia de Paz en Táchira el miércoles, cuando aseguró que bandas organizadas controlaban las zonas conflictivas de San Cristóbal.
A su parecer, la guarimba fracasó y considera que la manera de solucionar la situación es mediante la aplicación de la ley y el Estado de derecho. «Con el diálogo, perfecto, pero que eso no puede traducirse con impunidad», argumentó.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Orlando Zambrano, del Partido Socialista (PSUV), indicó a Efe que no se puede permitir que un «grupo de vándalos» actúe de forma violenta contra infraestructuras y los ciudadanos.
Para el diputado, en Venezuela ha habido un «amplio debate» sobre la situación en Táchira que, afirmó, «dejó en evidencia» al «sector violento de la ultraderecha venezolana» que decidió no sentarse en la mesa de diálogo.
Táchira ha sido históricamente una piedra en el zapato del chavismo, una circunstancia que, según el diputado en la AN por la Alianza Democrática, Walter Márquez, se debe, entre otras, a razones geopolíticas relacionadas con su carácter fronterizo.
Para el que fue profesor de historia en la ULA por 35 años la vuelta de la paz a la zona tiene que venir precedida de la verdad y acompañada de justicia.
Además, tendría que existir un reconocimiento mutuo por las dos partes que, aseguró, el presidente Nicolás Maduro no hace al tildar continuamente de «fascista» a la oposición.
¿Y hacía dónde va Táchira?
«Es impredecible lo que pueda pasar aquí. Puede de pronto disminuir la protesta o aumentar», afirmó.
Martínez sí tiene claro que lo que se ha iniciado es un proceso «irreversible» que encarna el «sentimiento de libertad» de la población y que, a su juicio, «no va a retroceder».
Mientras, en Caracas, Maduro, dijo ayer que no aceptaba condiciones para dialogar con la oposición, al hacer referencia a la propuesta de una agenda de cinco puntos que esta considera necesarios para poder sentarse a la mesa con el Gobierno.
Las barricadas mentales en Táchira se extienden más allá de sus límites estatales mientras el número de muertos por los enfrentamientos derivados de las protestas ascendió oficialmente a 28. EFE
