La fiscal general, Luisa Ortega, acusó hoy a Estados Unidos de querer financiar acciones violentas en el país latinoamericano y advirtió de que quien acepte donaciones extranjeras será perseguido por la Justicia.
«Ellos (los legisladores estadounidenses) pidieron un dinero. Indudablemente esto es para financiar estas acciones violentas que se han venido produciendo en Venezuela. Para comprar C-4, que es una substancia altamente explosiva. Era como un kilo de C-4, lo que incautamos», señaló Ortega en una rueda de prensa en Ginebra.
Consultada sobre si realmente acusaba a los legisladores estadounidenses de querer financiar las protestas, Ortega respondió: «Si están pidiendo dinero, 12 millones de dólares, ¿para qué sino es ese dinero?».
La fiscal general se refería a dos proyectos de ley bipartidistas que fueron presentados ayer en el Congreso de Estados Unidos y que buscan imponer sanciones contra aquellos miembros del Gobierno de Nicolás Maduro que hayan estado involucrados en los episodios de violencia que desde hace un mes sacuden las calles de Venezuela.
Uno de esos proyectos, la «Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela», contempla una ayuda de 15 millones de dólares, monto que debería ser usado «para la defensa de los derechos humanos en Venezuela, la protección de los medios de comunicación independientes y el fortalecimiento de la sociedad civil en defensa de los valores democráticos en el país».
En este sentido, Ortega recordó que la legislación venezolana prohíbe la financiación externa del activismo político.
«En Venezuela está prohibido el financiamiento para hacer política interna, que son privativas de los venezolanos. Sancionaremos aquellos que reciban financiamiento de gobiernos extranjeros para hacer política interna», advirtió.
Ortega acusó a Estados Unidos de querer ser el «gobernante del mundo» y amenazó con fiscalizar ella misma las acciones estadounidense.
«¿Es Estados Unidos el policía del mundo?, ¿quién le ha dado autoridad para sancionar a los Estados?», se preguntó retóricamente, para proseguir:
«Son el fiscal del mundo? el tribunal del mundo? porque en ese caso yo también voy a arrogarme ese rol y cuestionar las acciones en Guantánamo, la invasión de Vietnam, la invasión de Afganistán, por los atropellos que ha cometido en Sudamérica y Centroamérica, por el golpe de Estado en Chile, en Nicaragua y tantos otros que se me escapan», señaló.
A continuación, la fiscal general destacó que Venezuela es un «país independiente y soberano», que respeta la autodeterminación de los pueblos.
«Rechazamos cualquier injerencia de cualquier país del mundo. Nosotros hemos resuelto nuestros problemas y respetado el derecho de los países del mundo de resolver sus conflictos. Queremos que nos respeten», concluyó.
Con respecto a las consecuencias directas de las protestas, la responsable del Ministerio Público puntualizó que aún hay 106 detenidos, 15 de los cuales son funcionarios públicos que están privados de libertad.
«Hay 42 investigaciones en curso de funcionarios que cometieron hechos que se presume constituyen delitos a los derechos humanos», señaló, y también recordó que, de los 28 fallecidos como consecuencia de las protestas, 4 eran funcionarios.
En este sentido, la fiscal fue consultada al respecto de que tanto la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, como varios relatores especiales de Naciones Unidas hayan mostrado su preocupación por el excesivo uso de la fuerza ejercido por las fuerzas del orden.
La fiscal general argumentó que «desconoce» lo afirmado por Pillay, y reiteró que los manifestantes fueron «violentos».
Con respecto a la petición de varios relatores especiales de Naciones Unidas de visitar Venezuela para analizar de primera mano la situación allí, Ortega se limitó a decir que una misión de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR) visitará Venezuela.
Luego, afirmó que la visión que en el exterior se tiene de su país no se corresponde con los hechos, dado que los medios distorsionan la realidad, e invitó a los periodistas presentes a visitar su cuenta de twiter para ver «los improperios, groserías, y faltas de respeto que dirigen a la fiscal general, y puedan ver como se ha malentendido la libertad de expresión en Venezuela».
«Yo creo que ha sido excesiva la libertad de expresión que hay en Venezuela», concluyó. EFE
