El Ministerio Público interpuso una medida preventiva a fin de salvaguardar los derechos a la educación y el libre tránsito de niños, niñas y adolescentes del municipio Baruta del estado Miranda, garantías que han sido vulneradas a través de la obstaculización de las vías en esa jurisdicción, con ocasión a los hechos de violencia registrados desde del pasado 12 de febrero.
Los fiscales 97º, 100º y 106º del Área Metropolitana de Caracas (AMC) con competencia en Protección, Civil e Instituciones Familiares, María Da Corte, Graciela Aguilar y Ramón Liscano, respectivamente, realizaron la solicitud con fundamento en el parágrafo segundo del artículo 466 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En tal sentido, los fiscales requirieron que se ordene a la autoridad municipal de Baruta la prestación correcta del servicio de recolección de desechos sólidos, a fin de que cese la amenaza constante que impide el ejercicio de los derechos a la educación, libre tránsito, salud, al ambiente y entorno sano del referido grupo de la población, los cuales están consagrados en el mencionado instrumento legal.
El documento fue consignado ante el Tribunal 13º de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del AMC.
