El abogado y miembro del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob Santomé, indicó que ninguno los procedimientos realizados por el jefe de Estado Nacional están avalados por el orden judicial, y que la Constitución no le concede facultades al Presidente de la República para ordenar investigaciones penales
Luego de los hechos ocurridos esta semana en la ciudad de Valencia que dejaron como saldo el asesinato de tres personas y 15 heridos, el presidente Nicolás Maduro dio la orden de iniciar una serie de allanamientos en distintas urbanizaciones de Carabobo.
Al respecto, el abogado Gonzalo Himiob, denunció que las órdenes del jefe de Estado constituyen una flagrante violación de los derechos humanos y de las garantías fundamentales. Señaló que la medida presidencial evidencia violación del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho a la intimidad. Igualmente, rechazó lo que considera “terrorismo del Estado” porque las órdenes deben ser solicitadas por la Fiscalía, emitidas por un juez de control y hacerse de manera individual, no generalizada.
Himiob señaló que el Presidente como parte del Ejecutivo, no debe interferir en el resto de los poderes. “Nicolás Maduro no tiene facultad, ni fe, para ordenar allanamientos sin orden judicial, eso es excluir al Poder Judicial, y por lo tanto, un allanamiento no se puede dar sin una orden y en todo caso no es el Presidente quien lo ejecuta sino el Poder Judicial”, afirmó.
Abuso de poder
Himiob aseguró que ninguno de los procedimientos realizados en la entidad de Valencia, están avalados por órdenes judiciales: “Si existiera Estado de Derecho en el país todos esos procedimientos deberían ser declarados nulos por violación del debido proceso”, manifestó.
Asimismo, explicó que ese tipo de operativos tienen repercusiones graves para el Estado, ya que constituyen un abuso de poder y sobre todo una violación a los derechos ciudadanos, “está más que claro que en Venezuela existe una dictadura formal y el poder abusa de toda su fuerza. Nunca en nuestro país se había visto disposición del poder para violar los derechos y sobre todo las leyes y normas de la Constitución”, aseguró.
También acotó que “la Constitución no concede facultades al Presidente para ordenar investigaciones penales”, por lo que considera una intromisión grave de Nicolás Maduro en el Poder Judicial el ordenar el allanamiento de viviendas en Valencia, y la detención de presuntos francotiradores.
“Represión permisada»
En tanto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló durante su intervención en el XXV Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que durante las manifestaciones efectuadas en Venezuela desde febrero, han fallecido 28 personas y otras 365 han resultado heridas. “El presidente como mandatario está en todo su derecho de ejecutar acciones y más si se trata de grupos que no hacen sino desequilibrar la paz en nuestro país”, afirmó
por su parte la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter el miércoles en la noche: “El pdte. Maduro, actuando en su condición de Cdte. en Jefe de la FANB, ordenó la detención de francotiradores que acabaron con la vida de ciudadanos de Carabobo”. Señaló que el jefe del Estado también ordenó al Grupo de Acciones de Comando de la GNB allanar viviendas en El Trigal de la ciudad de Valencia.
Ante esto, el abogado Gonzalo Himiob afirmó que, “esta impunidad corre paralela a un discurso oficial que intenta atribuir las expiraciones sólo a la acción de los manifestantes, y no a la de los colectivos armados”.
Reportados 1.478
detenciones ilegales
Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal Venezolano, reportó que desde las protestas que se han vivido en Venezuela a partir del 12 de febrero, se han presentado 1.478 detenciones ilegales, “los jueces les impusieron medidas privativas de libertad injustas”, aseguró.
“A muchas personas que son detenidas en las mismas circunstancias les aplican medidas distintas. A veces parece un asunto al azar: unos quedan presos y otros en régimen de presentación”, explicó Himiob.
Los manifestantes a los que les dictan la llamada privación judicial preventiva de libertad deben estar presos por al menos 45 días, que es el tiempo que tiene la Fiscalía para investigar y decidir si pide que pasen a juicio. La regla es que las personas sean juzgadas en libertad y que legalmente un imputado puede quedar detenido solo cuando hay elementos claros de que cometió un delito y existe además peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso”, manifestó
“Libres de
guarimberos”
El presidente Nicolás Maduro, advirtió que a través de «planes especiales» las fuerzas de seguridad del Estado entrarán a todas las urbanizaciones de clase media, hasta que se consiga liberar los espacios públicos de «guarimberos». «A Maduro no lo van a tumbar trancado urbanizaciones de clase media», insistió el mandatario.
Destacó el caso del estado Táchira, donde comenzaron las manifestaciones hace más de un mes, al asegurar que para el momento «no quedan guarimberos» en esa entidad. Denunció que quienes persisten en sus intentos de desestabilizar «son las bandas de malandros vinculadas a Colombia, que cobran peaje». Aseguró.
Shirley Zambrano
