En opinión de la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios (Atraem) la aplicación de la Ley de Precios Justos podría significar la estocada final en la vida productiva de la economía privada popular en el país, luego que por muchos años fuera «golpeada» a causa de los fuertes controles, multas, sanciones y expropiaciones ejecutadas por el Gobierno. Afirmaron que esta nueva legislación afecta negativamente a más de 7 millones de personas.
Alfredo Padilla, director general (Atraem), señaló que los pequeños y medianos comerciantes han sido hostigados con una serie de medidas gubernamentales que tiene como objetivos la erradicación de la economía popular, la ley de Preciso Justos es solo la punta de una serie de golpes que han recibido este sector.
“Es importante recordar la Ley de Alquileres, el decreto 62 que le quito la propiedad a los trabajadores de mercados municipales de Caracas, las masivas expropiaciones como la de los 20 estacionamientos en Santa Rosalía o el Sambil Candelaria, sin dejar de lado la creciente política de tributos y multas, todo esto ha colocado al propietario de un pequeño negocio sobreviviendo a la adversidad”, dijo.
Padilla aseguró que la Ley de Precios Justos es severamente penalizadora y brutalmente castigadora al contar con 35 artículos solo dedicados a sanciones, es decir que toda persona que piensa iniciar una actividad comercial es presuntamente un delincuente.
“Como está estructurada esta ley prejuzga sobre la vocación delictuosa del dueño de negocio, esto lo refleja las multas exorbitantes que causarían quiebra de negocios, declaratorias de utilidad pública sin derecho a la defensa y hasta cárcel con penas de 14 años”.
El vocero de Atraem reveló que todas estas decisiones quedan en manos de un fiscal, que tendrá en sus manos la decisión sobre cualquier irregularidad sin que el comerciante tenga derecho a la defensa, aumentando con esto el tráfico de influencias. “Esta legislación solo podrá ser aplicada a través de la arbitrariedad ocasionando la multiplicación de la matraca, afectando en su mayoría al pequeño negocio que ignora la reglamentación y no tiene los recursos para contratar asesores como si lo haría una empresa grande”, acotó.
