Alfonso Marquina, único representante de la oposición presente en la asamblea bianual de la Unión Interparlamentaria (UIP), cree que el Comité de Derechos Humanos de esta institución mandará una comisión de investigación a Caracas, dada «la persecución a la que son sometidos los legisladores».
Marquina se reunió con el Comité de Derechos Humanos de la UIP -organización que celebra esta semana en su sede de Ginebra su asamblea bianual con la asistencia de parlamentarios de más de 140 países- para denunciar que en Venezuela «se violan los derechos humanos de los legisladores de la oposición», según explicó en una entrevista a Efe.
El diputado recordó a los miembros del comité que la Asamblea Nacional ha llevado a cabo dos procesos de desafuero de parlamentarios opositores -Richard Mardo y Mercedes Aranguren- y está en proceso de implementar la retirada de inmunidad a la diputada María Corina Machado.
«Están llevando a cabo estos allanamientos (desafueros) de manera antidemocrática, incluso inconstitucional, a través de una interpretación errónea del Tribunal Supremo de Justicia que justifica que una mayoría simple pueda destituir a un diputado», añadió.
Indicó que, «si esta norma se aplicara en cualquier parte del mundo, no se garantizaría nunca la representación de la minorías porque las mayorías podrían destituir a los diputados que piensen distinto».
El legislador también denunció las «agresiones físicas» y el acoso al que son sometidos los diputados opositores.
Según Marquina, al finalizar el encuentro, varios miembros del comité le confirmaron que enviarían una comisión de investigación a Caracas.
No obstante, los diputados oficialistas que participan de la asamblea de la UIP, encabezados por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, negaron los hechos denunciados por Marquina e intentaron convencer al comité de lo inapropiado que sería mandar una comisión de investigación.
«Nosotros le insistimos al mundo: si no existen violaciones de derechos humanos, como dicen en mi país ‘quien no la debe no la teme’ y el Gobierno Nacional no debería tener ningún miedo de recibir a la comisión de la UIP», afirmó Marquina, diputado por el estado de Miranda.
Más allá de los argumentos sobre la necesidad o no del envío de la comisión, la duda se centra en si el comité puede mandar una misión a un país sin ser previamente invitado.
El legislador considera que las violaciones a los derechos humanos a las que son sometidos los legisladores son un hecho que por sí mismo justificaría la visita e insiste en que es inaudito que sea el supuesto autor de los delitos el que deba autorizar la investigación.
A su juicio, «no puede ser que prime la autorización del agresor, el que violenta los derechos humanos».
«El comité determinó que la comisión va a ir. Quieren que los reciba el Gobierno de Venezuela, la junta directiva de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo. Indistintamente de que los reciban o no, la misión se va a trasladar a Venezuela para verificar in situ lo que está ocurriendo», reiteró el diputado.
De acuerdo con Marquina, el reglamento del Comité de Derechos Humanos establece que lo más conveniente es que la comisión de investigación sea autorizada o invitada por el Gobierno.
«Pero también establece la figura de que, en caso que esto no ocurra, la comisión se pueda trasladar de igual manera», puntualizó.
«Recordemos que la diferencia entre la UIP y la ONU o la OEA (Organización de Estados Americanos) es que estos dos últimos organismos son representaciones de gobiernos. Y la UIP es la representación legítima del pueblo, esa es la gran diferencia», agregó.
Eso, subrayó, «es lo que a nosotros nos anima a estar convencidos de que el compromiso asumido por el Comité de Derechos Humanos va a ser ratificado por el Consejo de la UIP».
Conforme al procedimiento, el comité elevará el jueves varias recomendaciones al Consejo de Gobierno de la UIP (máximo órgano de decisión) para que éste las ratifique, en un trámite que se considera una mera formalidad. EFE
