El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, anunció en la noche del miércoles en la televisión oficial la captura de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal (oeste, fronterizo con Colombia), después de que un tribunal emitiera «una orden de captura (…) por rebelión civil» durante las protestas que sacuden al país desde principios de febrero.
«Esto es un acto de justicia ante un alcalde que no solamente dejó de cumplir las obligaciones que le impone la ley y la Constitución, sino que facilitó y apoyó toda la violencia irracional que se desató en la ciudad de San Cristóbal», cuna de las manifestaciones, afirmó el ministro.
Más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que el alcalde de San Diego (estado de Carabono, norte), Enzo Scarano, recibió una condena de 10 meses de prisión y fue cesado de sus funciones por «desacato» en sus funciones durante las protestas opositoras.
La reacción no se hizo esperar entre la oposición.
«Nicolás le pone gasolina a la candela, él y solo él será responsable de la situación que se desarrolle en el país, que el mundo lo sepa», escribió el líder opositor Henrique Capriles.
Varios líderes estudiantiles convocaron a nuevas marchas este jueves en varias ciudades del país en «solidaridad ante el atropello contra los alcaldes».
Estas dos detenciones se suman a la ofensiva judicial del chavismo contra los opositores radicales, que han visto cómo el gobierno de Maduro ha puesto tras las rejas en las últimas semanas a tres de sus dirigentes y tiene en la mira a una diputada.
El mandatario los acusa de promover «un golpe de Estado» a raíz de las protestas por la inseguridad, la escasez y la inflación que en un mes y medio han dejado 30 muertos, el último un efectivo de la Guardia Nacional cuando dispersaba una manifestación en San Cristóbal.
El martes por la noche, la mayoría chavista del Legislativo solicitó indagar a la diputada María Corina Machado por «instigación a delinquir, traición a la patria, terrorismo y homicidio» durante las protestas.
Detenido en un hotel de Caracas
Ceballos, de 30 años, es el segundo dirigente de Voluntad Popular detenido en el marco de las protestas contra Maduro, tras la detención de Leopoldo López, el máximo líder del partido y quien está en una cárcel militar desde el 18 de febrero tras entregarse en un acto multitudinario en una plaza del este de Caracas, acusado de instigar a la violencia.
En su cuenta Twitter, Voluntad Popular relató que al alcalde «se lo llevaron frente a sus abogados» en un hotel de Caracas, adonde había acudido para una reunión de alcaldes, y «sin ninguna orden».
Ceballos, electo en diciembre de 2013 en su primer período como alcalde de San Cristóbal, ha denunciado en las últimas semanas que grupos ilegales, cercanos al gobierno, han atacado con armas de fuego las barricadas montadas por estudiantes en ese estado, causando varias muertes.
En tanto, López continúa a la espera de que se determine si hay elementos para juzgarlo, mientras Carlos Vecchio, otro dirigente de Voluntad Popular, está prófugo de la justicia tras ser señalado igualmente como instigador de la violencia.
Las nuevas protestas convocadas para este jueves podrían aumentar de nuevo la tensión en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo mundiales, que en los últimos días habían bajado de intensidad y habían derivado en manifestaciones pacíficas con distintos reclamos tras varias semanas de disturbios en varios puntos del país.
Según el ministro, la contestación al gobierno, que se inició en San Cristóbal (oeste) y se extendió a otras ciudades, ha amainado en los últimos días, transformándose en «dos o tres focos duros» de violencia en San Cristóbal y «solamente» uno en el municipio San Diego, en el estado de Carabobo (centro), precisó Rodríguez.
Fuente: AFP
