El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, afirmó hoy que la detención de dos alcaldes opositores por supuesta inacción frente a las protestas violentas obedece a una decisión de la justicia y destacó que los «órganos del Estado» actúan para proteger a las mayorías.
«Los órganos del Estado, y en este caso ya no el Gobierno, actúan para proteger el derecho de las mayorías y no para proteger el derecho de un pequeño grupo que quiere bajo la excusa del derecho a la protesta enturbiar la vida de los venezolanos y golpear la gobernabilidad necesaria en el país», indicó Torres en una rueda de prensa.
Agregó que los «órganos el Estado» están decidiendo «para que las grandes mayorías puedan circular» o ir a sus trabajos.
El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue detenido el miércoles por agentes de Inteligencia tras serle cursada una orden de aprehensión acusándole de «rebelión civil» y «agavillamiento» (asociación para delinquir).
Por su parte el de San Diego, en Valencia, Vicencio Scarano, fue condenado también el miércoles por el Tribunal Supremo a diez meses y quince días de prisión y a la revocación de su mandato como alcalde por desacato a un fallo de esa instancia que le obligaba a impedir la colocación de barricadas a quienes protestan contra el Gobierno.
Por estas mismas razones fue condenado a una pena similar de prisión el jefe de Policía de San Diego, Salvatore Lucchese.
«Son decisiones de los órganos de Justicia, no es el Gobierno quien ordena detener a nadie sino que se cumplen todos los pasos y procesos que están establecidos en la ley, inclusive todo lo referido al debido proceso y al derecho que tienen los ciudadanos a la legítima defensa», señaló hoy Rodríguez Torres.
El ministro señaló que los tres fueron enviados al penal militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, donde se encuentra detenido el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, desde hace un mes.
Un grupo de alcaldes y un diputado opositor visitaron a los detenidos el miércoles por la noche.
«Estos señores que fueron detenidos tendrán todo el proceso normal (…) todo lo que está establecido en la ley lo tienen totalmente garantizado y estamos seguros de que los ciudadanos se comportarán a la altura y entenderán que el derecho de ellos está garantizado por el estado venezolano», señaló.
Rodríguez Torres indicó que se mantienen «focos de violencia» en San Cristóbal, y que en San Diego grupos de encapuchados quemaron ayer por la noche un automercado.
Eso «nos señala la conexión directa entre este alcalde (Scarano) y todos estos señores de la violencia y la muerte», dijo el ministro.
Venezuela vive una oleada de protestas desde el pasado día 12 de febrero contra el Gobierno de Nicolás Maduro que ha dejado hechos de violencia y un saldo oficial de 31 muertos, más de 450 heridos y casi 2.000 detenidos, 121 de ellos aún en prisión. EFE
