La fiscal general puntualizó que el Estado procede apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público investiga 59 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y que 17 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad están privados de libertad, como consecuencia de esas situaciones registradas en el país desde el pasado mes de febrero.
Puntualizó que la Fiscalía ha actuado para hacer que se respeten los derechos humanos, porque el Estado procede apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes.
Enfatizó en que no se va a incurrir en atropellos cometidos en otras épocas, antes de 1998, cuando fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos miles de venezolanos, por disentir políticamente.
Añadió que el actual Estado no está interesado en desaparecer a nadie; y que los cuestionamientos que puedan existir se deben realizar por la vía democrática, porque Venezuela es un pueblo con vocación de paz.
Explicó que la actuación del Estado tiene límites, la cual debe obedecer al principio del respeto a los derechos humanos de quienes sean aprehendidos de manera flagrante cometiendo delitos.
En tal sentido, señaló que los fiscales de derechos fundamentales del Ministerio Público están desplegados por el país, para garantizar que se investiguen las irregularidades denunciadas.
Ortega Díaz reiteró que mediante las investigaciones se determinará si ciertamente se cometieron vulneraciones contra los derechos humanos, lo cual indica el interés que existe en la materia.
Agregó que hay seis órdenes de aprehensión que están pendientes por ejecutar, “por lo que pedimos a los cuerpos policiales que hagan efectivas estas aprehensiones”.
Recordó que por los hechos de violencia ocurridos en el país entre febrero y marzo, 31 personas han fallecidos, de las cuales 25 son civiles y 6 funcionarios; y 486 han resultado lesionadas. Adicionalmente, informó que se han incautado 30 armas de fuego en las distintas aprehensiones realizadas durante las acciones violentas.
Garantizó que se hará justicia ante estas situaciones que se han generado en el país, y que el Estado ha actuado para garantizar los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, educación, al trabajo y el libre tránsito.
Derecho a manifestar pacíficamente
La Fiscal General recordó que en el artículo 68 de la Carta Magna está contemplado el derecho a manifestar de forma pacífica. Por mandato constitucional el Estado está obligado a reconocer ese derecho, y así se hace. Sin embargo, aclaró que dicho derecho tiene limitaciones, pues la manifestación debe hacerse sin armas, sin violencia, sin atentar contra los demás, sin impedir el libre tránsito.
De esta manera, puntualizó que todo derecho tiene un límite, por cuanto ninguno es absoluto.
Dijo que es evidente que un grupo minoritario, en algunos municipios, se ha salido del esquema pacífico y ha optado por manifestar afectando los derechos de la mayoría.
Expresó que ante la agresión exagerada, la irracionalidad y el odio desmedido, frente a las alteraciones de paz, y la intolerancia, se debe reflexionar y hacer reconocimiento del derecho del otro.
Finalmente, hizo un llamado a reivindicar la paz, a desterrar el odio, la violencia y la irracionalidad.
