«La diputada María Corina Machado aceptó ejercer funciones como embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ello es incompatible con lo que dice la Constitución Nacional», reiteró este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello.
«En verdad, puede hacer esta señora lo que quiera de aquí en adelante pero no lo hará en esta Asamblea Nacional. Hemos girado instrucciones para el retiro de la nómina de la Asamblea, todas las credenciales de las que hacía uso quedan eliminadas y los organismos del Estado serán notificados para que quede claro que no tiene ninguna prerrogativa como diputada nacional y ante esto y ante la verdad asumimos la responsabilidad plena», sentenció en transmisión de ANTV.
El artículo 191 de la Constitución de la República establece que «los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva».
Del mismo modo, Cabello expresó que la asistencia de Machado a la OEA en representación de Panamá fue una acto premeditado y forma parte del plan golpista contra Venezuela, que apoya el gobierno del presidente del referido país, Ricardo Martinelli, y Estados Unidos.
«Ellos hablan de accidentalidad, ahí no hay ningún accidente; fue premeditado, planificado con tiempo, porque es parte del plan contra Venezuela, porque el Gobierno panameño lacayo de Martinelli es pieza fundamental de la conspiración internacional contra nuestro país. Ella (Machado) es una agente del gobierno panameño como ha sido del gobierno de Estados Unidos durante mucho tiempo», resaltó.
Por su parte, el diputado socialista Andrés Eloy Méndez presentó una moción de urgencia para respaldar la decisión de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 191 y 149.
El artículo 149 establece que «los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional».