El Gobierno compareció hoy ante la CIDH para exponer «la verdad» sobre las protestas en el país y dijo que la oposición busca generar con ellas una «intervención de la OTAN», mientras que organizaciones civiles denunciaron que la crisis se enmarca en una «situación estructural de impunidad».
«El objetivo es provocar enfrentamientos entre los venezolanos para simular una guerra civil y solicitar la intervención extranjera de militares de la OTAN y, de esta forma, terminar con la revolución bolivariana y entregar los mayores recursos petroleros del mundo a Estados Unidos», dijo el representante para derechos humanos, Germán Saltrón.
Venezuela ha vivido «de golpe en golpe» y «nunca ha tenido una oposición verdadera, seria y responsable», sino una «catastrófica, que se alimenta de la banalidad e inclinada a transitar vías antidemocráticas», agregó Saltrón en la primera de cuatro audiencias sobre el país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en Washington.
El funcionario subrayó que el Gobierno de EE.UU. está «detrás de las protestas» y que «así lo demuestran» las declaraciones del secretario de Estado, John Kerry, el vicepresidente Joe Biden y el general del Comando Sur, John Kelly, «claramente favorables a la intervención militar para apoderarse de los hidrocarburos».
La audiencia, centrada en la situación de derechos humanos de Venezuela, fue solicitada tanto por el Estado de Venezuela como por tres organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de dar su versión sobre las protestas, donde ha habido hechos de violencia que han dejado 37 muertos y 559 heridos, según cifras oficiales.
«Los llamados guarimberos (manifestantes) han expresado nuevamente en el año 2014 que ejercen la violencia para forzar la salida del presidente Nicolás Maduro Moros y suplantarlo por una ‘Junta de Transición’ sin acudir a los procesos electorales contemplados en nuestra Constitucional Nacional», indicó Saltrón.
Definió ese esfuerzo como una «práctica terrorista implementada por los sectores de mayores recursos económicos en Venezuela» ya que «en ningún barrio o sector popular han ocurrido esas guarimbas».
«Las llamadas manifestaciones no son pacíficas, sólo un 20 % de los manifestantes son estudiantes y tampoco representan la mayoría del país, sino una muestra parcial de los habitantes de 17 de los 335 municipios de Venezuela», zanjó.
En cambio, desde el lado de las organizaciones civiles, el abogado y expresidente de la CIDH Carlos Ayala defendió que «el 98 % de las manifestaciones y protestas en Venezuela son pacíficas» y «apenas el 2 % se tornan en violencia, normalmente a partir de la represión» de las fuerzas estatales, según apuntó.
Por su parte, Liliana Ortega, representante de la ONG COFAVIC, denunció que las protestas que vive el país «tienen que ver con una situación estructural de impunidad y de violencia que se ha venido desarrollando en los últimos años en Venezuela».
Condenó el «uso excesivo de la fuerza» en las manifestaciones registradas desde febrero, el «lenguaje violento contra manifestantes, presuntas violaciones a debido proceso y criminalización de las protestas».
Ayala, por su parte, denunció que las «detenciones arbitrarias» y la reciente detención de dos alcaldes opositores no serían posibles sin una «crónica falta de independencia de la justicia».
Al respecto, Saltrón alegó que «la corrupción del poder judicial es como la pobreza, se presenta en todos los países del mundo» y que el chavismo ha tratado de combatirla.
El comisionado Felipe González expresó su «preocupación» por la tensión en Venezuela, mientras que su compañera Rose-Marie Antoine subrayó que es necesario que los jueces en el país «tengan seguridad en el mantenimiento de su periodo» en el cargo, dado que al contrario «se puede poner en peligro la democracia». EFE
