El Ministerio Público (MP) comisionó dos fiscales para investigar el caso de María Corina Machado, quien perdió su investidura de diputada al aceptar y ejecutar otro cargo otorgado por un Gobierno extranjero, «violando así los artículo 149 y 191 de la Constitución».
«Ayer (jueves) se comisionó a algunos fiscales, 45 y 41 a nivel nacional, para que evalúen conjuntamente con un equipo de abogados del Ministerio Público el pedimento que allí se formula», dijo la titular de la Fiscalía General, Luisa Ortega Díaz, en referencia a la demanda de la directiva de la Asamblea Nacional de investigar a Machado.
Machado la semana pasada aceptó y ejerció el cargo como representante alterno del Gobierno de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
El pasado 24 de marzo, el presidente del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, apuntó que la diputada violó el artículo 191 de la Constitución, que establece: «Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva».
«Estando allá (en la OEA) hubo declaraciones, acciones, peticiones, de la señora María Machado como funcionaria del Gobierno panameño. Eso es público, notorio y comunicacional, de hecho y de derecho, cuando ella actuaba estaba aceptando cualquier cargo que le estaba dando el Gobierno panameño», expresó el presidente del Parlamento venezolano, quien además dio lectura al comunicado de Panamá a la OEA, en el que solicitaba la acreditación de Machado «como representante alterno de la delegación de la República de Panamá ante la OEA a partir de la fecha (20 de marzo de 2014)».
Precisó que no se trata de un nombramiento accidental ni por un día sino «a partir de la fecha» y Machado actualmente ocupa el cargo de representante alterno de Panamá ante la OEA.
Machado también violó el artículo 149 de la Constitución, que establece: «Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional».
«Sería la violación del artículo 149 porque siendo funcionaria pública aceptó un cargo de un Gobierno extranjero sin la autorización de la Asamblea Nacional», puntualizó Cabello.
