Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó en rueda de prensa su preocupación por la polarización política que vive el país, con protestas opositoras casi cotidianas, acompañadas por hechos de violencia que han dejado unos 550 heridos y más de un centenar de detenidos.
Las protestas «tienen su origen en la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado plan de la patria, detrás del cual se esconde la imposición de un gobierno totalitario», aseguró Padrón.
El denominado plan de la patria es un programa de gobierno concebido por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para «consolidar el socialismo del siglo XXI». En 2013 fue elevado a nivel constitucional por el oficialismo en la Asamblea Nacional en medio de duras críticas de la oposición.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es «sumamente grave tanto por su magnitud (…) como por su duración, violencia y nefastas consecuencias para nuestro presente y futuro», añadió Padrón, quien rechazó la «criminalización de la protesta ciudadana».
El detonante de las protestas iniciadas por estudiantes en San Cristóbal fue la inseguridad y luego se extendieron en el país, con la activa participación de partidos opositores, sumado reclamos contra la inflación de 57%, la escasez de alimentos, la represión policial y la detención de opositores.
Entre los detenidos figuran el líder del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, y dos alcaldes opositores que fueron destituidos de su cargo. Además, las protestas han dejado decenas de denuncias de maltrato y tortura policial.
«Denunciamos la abusiva y desmedida represión contra ellos (los manifestantes), las torturas de que han sido objeto muchas de las personas detenidas y la persecución judicial a los alcaldes y diputados contrarios al oficialismo», dijo Padrón.
«El gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza, la represión no es el camino», añadió.
Las protestas han bajado en intensidad, y número, pero se mantienen algunos focos de violencia, sobre todo en el municipio caraqueño de Chacao (este, opositor), donde este miércoles un grupo de radicales volvió a enfrentarse con bombas molotov y piedras a la policía y a la Guardia Nacional, que los dispersaron con gases lacrimógenos, perdigones y chorros de agua.
Impacto en la mediación
La crítica de la Iglesia católica, que ha sostenido una tensa relación con el chavismo, se produce luego de que el gobierno y la oposición aceptaran un «testigo» de El Vaticano en un eventual diálogo.
«La oposición ha dicho que quiere que venga también Pietro Parolin. Yo les dije que si quieren traer al Papa tráiganlo, estoy de acuerdo. Ahora, que no le vayan a hacer perder el tiempo», declaró el martes Maduro, que instó a los opositores a cesar las manifestaciones violentas.
Un vocero del papa Francisco aseguró también el martes a la AFP que «la Santa Sede y el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, que conoce bien y ama Venezuela por haber sido nuncio en ese país, están dispuestos y deseosos de hacer lo posible para el bien y la serenidad» de los venezolanos.
El politólogo John Magdaleno dijo a la AFP que tras sus «incómodas pero válidas» declaraciones, la Conferencia «suprime la posibilidad de formar parte de esa mediación», pero se mantiene un eventual acompañamiento de la Santa Sede. «El papa Francisco y El Vaticano siguen siendo actores que podrían ser considerados como mediadores», explicó.
Por su parte, la analista política Mercedes Pulido subraya que más allá del impacto que la crítica de la jerarquía católica pueda tener en la propuesta de mediación de El Vaticano, la realidad es que «el gobierno habla de diálogo sin querer diálogo».
«El presidente Maduro ha tenido expresiones muy duras con la Iglesia, les ha dicho que si quieren venir, que vengan, lo cual no es un reconocimiento de la necesidad de la mediación», comentó Pulido a la AFP.
Padrón respaldó la mediación de El Vaticano para entablar un «diálogo sincero» con todos los sectores, aunque el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa, explicó que no se ha recibido una notificación oficial del gobierno.
El 26 de febrero, Maduro lanzó un diálogo nacional de paz con distintos sectores en el que participaron jerarcas de distintos cultos religiosos y empresarios, pero al que rechaza asistir la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que aglutina a partidos opositores de distintas tendencias.
Para dialogar, la MUD ha puesto cinco condiciones, entre ellas la liberación de los detenidos en el marco de las protestas, todas rechazadas por Maduro.
AFP
