Jorge Roig detalló que esta ley viola la Constitución Nacional, en el artículo 62 pues no fue discutida con los sectores involucrados
Repudian las normativas en el artículo 115 “que fijan la estructura de precios de una manera arbitraria” y el 49 por las “penas desproporcionadas” que declaran “delincuente al empresario que incumpla con la ley sin el derecho a la debida defensa”
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para introducir una demanda de nulidad que permita “la paralización inmediata de la Ley de Precios Justos” en beneficio de las empresas privadas y de los consumidores.
“Atenta contra las libertades económicas más esenciales que tiene el empresariado nacional”, dijo este jueves frente a la sede del poder judicial cuando explicó las motivaciones que lo impulsaron a introducir una demanda de nulidad contra el instrumento jurídico, así como medidas cautelares para que se paralice su promulgación dado que “no es rescatable” en ninguno de sus puntos, reseñó el portal Noticias24.
Roig detalló que esta ley viola la Constitución Nacional, en el artículo 62 pues no fue discutida con los sectores involucrados, así como el texto legal en el numeral 102, que establece el principio de las libertades económicas.“Declarar de utilidad pública toda la actividad económica, constituye una irresponsabilidad para Fedecámaras no interponer un recurso legal”, sentenció.
“Ciertamente estamos sentados en unas mesas de diálogo, pero la Constitución nos permite transitar estos caminos legales. Las conversaciones quizá permitan flexibilizar un poco el instrumento jurídico hasta que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie. Mientras el TSJ no se pronuncie, esta ley está vigente y hay que someterse a lo que indique”, sumó.
Añadió que repudian las normativas de la ley en el 115 “que fijan la estructura de precios de una manera arbitraria” y el 49 por las “penas desproporcionadas” que a su juicio, declaran “delincuente al empresario que incumpla con la ley sin el derecho a la debida defensa”.
Precisó que además de proteger al empresariado, se está defendiendo a los consumidores: “Se elimina de un plumazo los derechos que tienen los consumidores, amparados en la antigua Ley de Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis)”.
Expresó que este recurso contiene 198 páginas y que espera que pronto se obtenga una respuesta del TSJ.
