El país se encuentra en una encrucijada, los poderes públicos no han sido renovados, se ha fortalecido la criminalización de la disidencia, 10 magistrados del TSJ tienen su periodo vencido, así como dos rectores del CNE, entre ellos su presidenta, la Contralora General de la Nación y otros importantes funcionarios
Ramón Flores
Twitter: @liderhumano
La Federación Interamericana de Abogados (FIA) capítulo Venezuela, la presidencia del Comité de los Derechos Humanos del precitado organismo y Colegio de Abogados, ha considerado pertinente y extremadamente necesario la veeduría internacional a los fines de observar, constatar y hacerle seguimiento conjuntamente con activistas de los derechos humanos a las violaciones y represiones de los precitados derechos de los cuales han sido víctimas los estudiantes en su mayoría y ciudadanos que consideran que el artículo 68 de la CRBV es un derecho inalienable.
La activación novedosa de los veedores permitirá tal vez persuadir al gobierno de hacer las cosas con respeto a la constitución nacional, y cuidado al recomponer el orden público de forma proporcional en caso de ser alterado, sin armas como lo establece el mismo artículo 68 constitucional.
Este ejercito de dignos hombres y mujeres que van a ser juramentados como activistas y veedores internacionales de la Federación Interamericana de Abogados (capítulo Venezuela), van a estar acreditados para la defensa, vigilancia, asesoría y respaldo jurídico a los más débiles, a las víctimas, a los atropellados, a quienes se les vulnera sus derechos constitucionales, a la defensa del debido proceso, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva entre otras garantías constitucionales.
Entendiendo que no hay separación de los poderes públicos, hecho que es público, notorio y comunicacional, relevado de toda prueba, no es necesario probarlo según sentencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera; pues los actores de los poderes públicos son activistas del partido de gobierno.
Es imperioso resaltar la escandalosa cifra de 40 muertos, 2000 detenciones con libertad restringida, 60 torturados, 400 heridos y desaparecidos durante las protestas a partir del 12 de febrero, sin mencionar las 250.000 familias enlutadas en 15 años de gobierno revolucionario. Las ONG´s de derechos humanos juegan un papel estelar en la defensa de estos derechos.
El país se encuentra en una encrucijada, los poderes públicos no han sido renovados, se ha fortalecido la criminalización de la disidencia, 10 magistrados del TSJ tienen su periodo vencido, así como dos rectores del CNE, entre ellos su presidenta, la Contralora General de la Nación y otros importantes funcionarios.
Daremos veeduría a las transgresiones a través de juristas calificados procurando evitarlas dentro del marco jurídico, y hacer contraloría social.
Próximamente juramentaremos a este glorioso capital humano que contribuirá a la cristalinidad democrática, decencia, derecho a la vida y justicia.
