Después de siete horas de espera en tres filas diferentes, Herminia sale del supermercado con una sonrisa y su carrito de compras lleno de botellas de aceite, paquetes azúcar y harina de maíz.
«Pero lo que no había fue café», le dice a BBC Mundo mientras sale del estatal Abasto Bicentenario de Plaza Venezuela, en Caracas. «Eso sí que está difícil ahora», indica en referencia a la escasez de productos básicos que se vive en Venezuela.
Tras hacer sus compras, la ama de casa de 56 años decidió registrarse en un programa para obtener la tarjeta de Abastecimiento Seguro, que lanzó el gobierno a principios de marzo.
«Con la tarjeta podré garantizar el acceso a todos los productos», asegura Herminia sobre el proyecto con el que el gobierno espera tener mayor control sobre la distribución de los rubros que subsidia el Estado, que son precisamente aquellos productos que llevaba la ama de casa en su carrito: los regulados.
Herminia, así como el gobierno, cree que la tarjeta permitirá evitar que los productos con precios regulados por el Estado sean contrabandeados, una de las características de lo que el oficialismo venezolano denomina como la guerra económica en contra del país.
«Es que se los llevan a Colombia porque acá son a precio de pueblo», dice ella.
Una de las funciones de la tarjeta será limitar el número de productos subsidiados -y escasos- que una persona puede comprar por semana.
Y por eso es que la tarjeta, que el gobierno espera estrenar dentro de tres meses, ha sido llamada por analistas de línea opositora una tarjeta de racionamiento.
Una definición que el gobierno de Nicolás Maduro rechaza.
Registro
Según cifras oficiales, desde el 1º de abril más de 300.000 personas se han adherido al registro, que es operado con ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene la información de las huellas digitales de los venezolanos.
Con la cédula, cualquier venezolano puede hacer el registro biométrico en el sistema después de que se tomen las huellas de sus dedos índices y pulgares.
Para inscribirse, hay que suministrar una serie de datos que los funcionarios piden sean «lo más detallados posible»: si son empleados públicos, si pertenecen a consejos comunales, si son clientes de la red de supermercados del Estado y si han hecho parte de alguno de los programas sociales del gobierno bolivariano conocidos como las misiones.
También hay que dejar el teléfono y el correo electrónico al que «dentro de 45 días les llegará un mensaje para que recoja la tarjeta».
«Es para llevar el control de quienes compran y dónde», le dice a BBC Mundo uno de los registradores del ministerio de Alimentación, que pidió no revelar su nombre.
Los usuarios tendrán que poner sus huellas dactilares cuando hagan las compras y así el sistema podrá tener un control de quiénes compran.
«No es que la gente que no tenga la tarjeta no vaya a poder acceder a los productos», dice el registrador, «sino que quienes la posean tendrán más posibilidad».
Además, podrán participar de descuentos en productos y sorteos de viviendas y vehículos.
El ministro de Alimentación, Félix Osorio, dijo en el lanzamiento que la tarjeta es «un mecanismo de fidelidad como el que aplican supermercados privados para premiar a sus clientes».
«En primer lugar vamos al proceso de registro biométrico, luego a la asignación de las tarjetas y posteriormente avanzar hacia la venta al mayor», aseguró.
Algunos creen que la escasez es generada por la centralización de la economía.
«Racionamiento»
Funcionarios del gobierno en el área alimentaria, como Osorio, explican que se pretende limitar la compra de algunos rubros para evitar el contrabando y el acaparamiento.
«El 40% de los productos (…) está saliendo para Colombia y hay otra porción que se desvía a establecimientos comerciales en Venezuela», dijo el presidente Maduro en el lanzamiento del programa.
No obstante, observadores de oposición y centros de investigación como Econométrica han planteado que la tarjeta va más allá del contrabando, porque -aseguran- pretende racionar los productos que son escasos en Venezuela.
De hecho, hoy en día dichos rubros ya son limitados cuando uno los consigue: «solo dos botellas de aceite por persona», suelen advertir en las tiendas.
La tarjeta -así como varios elementos de la economía venezolana, como son las filas- ha suscitado nuevas comparaciones en redes sociales y medios de oposición con el caso de Cuba, donde hace 52 años el gobierno creó la Libreta de Abastecimientos, que es un sistema de subvención y racionamiento de los alimentos para garantizar la asequibilidad para todos.
«Te racionan la compra porque ellos (el gobierno) deciden cuánto te toca de qué producto según los datos que registres al afiliarte», le comenta a BBC Mundo la economista y analista Anabella Abadi, de ODH Grupo Consultor, con sede en Caracas.
«Eso de garantizar productos es relativo, porque sigue dependiendo de si logran abastecer o no el mercado», asegura. «Más que acceso, que es que puedas comprarlo, el problema es de disponibilidad, que es que consigas el producto».
Maduro y sus copartidarios aseguran que el desabastecimiento es causa de una guerra económica, siendo el contrabando y la reventa de productos algunas de sus facetas.
Pero desde la oposición se cree que la causa de la escasez es el modelo de centralización de la economía planteado por el oficialismo, en el que la producción nacional no suple la demanda y la falta de dólares -en un sistema de control cambiario- perjudica las importaciones.
De hecho, uno de los tantos productos escasos en Venezuela por la imposibilidad de importarlo es el plástico con el que se hacen las tarjetas de crédito, algo que podría afectar a este nuevo programa del gobierno.
«Nos venden la idea de que la tarjeta es la solución, como si con ella se garantizaran los productos, y no es verdad; siento que genera falsas expectativas», dice Abadi, de ODH Grupo Consultor.
Pero Herminia, la mujer a la que no le importa hacer siete horas de fila para comprar los productos a «precio de pueblo», cree que se trata de algo posible.
«Mi gobierno nos va a garantizar el pan como siempre lo ha hecho«, asegura.