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Un fallo anterior de la Procuraduría General de la Nación, que cumplió el mandatario, había ordenado la destitución del funcionario por irregularidades en el manejo de la basura, cuando trató de establecer un nuevo modelo de recogida de residuos en la capital
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, restituyó el miércoles en el cargo al alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, un mes después de haberlo destituido sin tener en cuenta la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mantenerlo en el puesto.
Santos acata así el fallo de un magistrado que le ordenó el martes aplicar el dictamen de la CIDH, en el más reciente capítulo en la compleja batalla jurídica por el segundo cargo político más importante del país sudamericano después de la presidencia, señala un despacho de la agencia Reuters.
Un fallo anterior de la Procuraduría General de la Nación, que cumplió Santos, había ordenado la destitución de Petro por irregularidades en el manejo de la basura, cuando trató de establecer un nuevo modelo de recogida de residuos.
«Las leyes, los jueces, me ordenan restituir al alcalde Petro, y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya en su cargo al alcalde Gustavo Petro», dijo Santos en un acto gubernamental en la sede de la presidencia.
«Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar, a otros no, pero mi obligación como Presidente de la República es acatar la ley y lo que los jueces dispongan», agregó el político de centroderecha, que está en campaña para ser reelegido en mayo.
Según los expertos, el fallo del magistrado puede ser revertido por una instancia judicial superior, lo que podría hacer que en las próximas semanas Petro vuelva a salir del cargo, complicando aún más la gobernabilidad de la capital colombiana.
En el último mes y después de la destitución de Petro, Bogotá ha tenido dos alcaldes encargados.
El regreso del líder de izquierda, de 54 años y quien perteneció a la guerrilla del M-19, implica el aplazamiento de elecciones para elegir a un nuevo alcalde y la reactivación de la convocatoria a un referendo para que los habitantes de Bogotá decidan si lo mantienen o le revocan su cargo.
El fallo que ordenó a Santos restituir a Petro es independiente a otro proceso ante el Consejo de Estado, que tiene el mismo propósito.
La capital colombiana de más de ocho millones de habitantes, con un presupuesto anual de 7.000 millones de dólares, afronta problemas de inseguridad, caos en el tráfico vehicular y destrucción del pavimento de las calles, a lo que se suma el desempleo y baja cobertura de salud pública.
Aunque el fallo de la Procuraduría General, un organismo que se encarga de vigilar a los funcionarios del Estado y que impone sanciones administrativas pero no penales, fue emitido en diciembre, el dirigente de izquierda interpuso cientos de recursos jurídicos para impedir su salida de la alcaldía.
La Procuraduría también inhabilitó al alcalde para ejercer cargos públicos durante 15 años, lo que Petro consideró como una decisión política para bloquear sus aspiraciones de llegar a la presidencia en 2018.
La victoria electoral del restituido alcalde fue considerada como un ejemplo de que la guerrilla puede abandonar las armas y hacer política, uno de los puntos que negocia el Gobierno de Santos con las FARC en un diálogo de paz con el que se busca poner fin a un conflicto interno de casi medio siglo que ha cobrado más de 200.000 vidas.
