El Alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, explicó que existe una distinción entre los términos utilizados en el instrumento jurídico de la Ley que regula las manifestaciones
La junta directiva de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, fijo posición sobre el fallo emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que estipula que los manifestantes deben pedir una autorización a las autoridades locales.
El Alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, como vocero de la organización explicó este viernes que existe una distinción entre los términos utilizados en el instrumento jurídico de la Ley que regula las manifestaciones, pues es distinto participar a pedir autorización. “La ley nunca dice autorización, todos los artículos señalan que se debe participar a la autoridad civil”, indicó.
“La sentencia es totalmente contradictoria a la Constitución”, aseguró. “Obligar a los ciudadanos a pedir permiso en sus alcaldías para protestar, no solo es un contrasentido, sino es inconstitucional. Nos están obligando a denunciarlos ante el Ministerio Público, si no acatan la norma. Están criminalizando la protesta pacífica”, denunció el representante de la Asociación de Alcaldes por Venezuela.
El artículo 68 de la Constitución señala que los ciudadanos “tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”, recordó el abogado constitucionalista, al analizar el pronunciamiento de la Sala Constitucional del máximo órgano judicial del país sobre el recurso de interpretación que interpuso el alcalde de Guacara (Carabobo), el oficialista Gerardo Sánchez, sobre el alcance del artículo 68 de la Carta Magna y otros articulados de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
Asimismo anunció -en una rueda de prensa- que la Asociación de Alcaldes solicitará una reunión con los miembros de la Unasur para explicarles cómo el TSJ emite sentencias contra del pueblo venezolano al prohibir las protestas y contra líderes de oposición al encarcelar a sus alcaldes.
El Alcalde de Baruta también recordó que el artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos señala que quienes quieran ejercer el derecho constitucional a la manifestación “deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos”. En la interpretación del Tribunal se modifica el texto legal y la palabra “participación” cambia por “autorización”.
“Cuando se interpreta una Ley, en especial si se trata de una que limita derechos fundamentales, no le es dado al intérprete modificar palabras. Participar es un expresión de libertad, autorizar es una expresión de prohibición”, aseguró Blyde.
A juicio del Alcalde, este fallo “es una decisión absolutamente parcializada que pretende darle piso jurídico a los alcaldes del Gobierno que no permiten ningún tipo manifestaciones dentro de sus municipios”. Y además, aseguró, constituye una usurpación de funciones, pues es la Asamblea Nacional la que tiene competencia para legislar, no los jueces del Tribunal Supremo.
Blyde afirmó que el Caracazo –celebrado todos los años por el Gobierno como una manifestación espontánea– sería ilegal de acuerdo con esta medida. “Hoy vimos una protesta de gremios que puede ser percibida como un desacato. No podemos limitar el derecho a manifestar pues, por encima de un derecho humano, no hay sentencia que valga”, apuntó.
Asimismo, como alcalde de Baruta, recordó que PoliBaruta no cuenta con los equipos adecuados para el control de las manifestaciones públicas. “Si bien podemos colaborar, en un segundo o tercer círculo, no somos nosotros los que podemos intervenir en las protestas, porque sería una gran desproporción en el uso de la fuerza hacerlo con armas de fuego, lo que además viola los derechos humanos”.
Blyde agregó que los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática sostendrán una reunión el viernes 2 de Mayo en Barquisimeto, con el fin de definir sus próximas acciones.
Agencias