Junto a los alcaldes de El Hatillo, David Smolansky, y de Sucre, Carlos Ocariz, el jefe del ayuntamiento baruteño, Gerardo Blyde, señaló que la reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ordena que para ejercer el derecho a la protesta hay que solicitar permiso a las autoridades, lo que hace es criminalizar la protesta, al solicitar –además- a las municipalidades a acudir al Ministerio Público para señalar a ciudadanos que realicen manifestaciones sin autorizaciones.
“Los ciudadanos participan a determinada Alcaldía sobre alguna manifestación, eso es simplemente dan aviso, notificación, parte, y corresponde a los alcaldes aceptar esa participación. Las Alcaldías no tienen potestad para autorizar manifestaciones. Además de eso, no puede calificarse una manifestación sin autorización como un acto de desobediencia. Dónde quedan las manifestaciones espontáneas, aquellas comunidades que protestan porque han quedado sin luz, sin agua, que no reciben gas. Este viernes protestaron gremios profesionales en el municipio Libertador. ¿Esos trabajadores –que no contaron con autorización- incurrieron en un acto de desobediencia o están reclamando sus derechos?”, explicó el alcalde de Baruta.
Argumentó que con esta interpretación que realizó el Tribunal Supremo de Justicia se deformó el estado de derecho, se cambió y se modificó la ley. “La Sala Constitucional no tiene funciones de legislar”, destacó el integrante de la Asociación de Alcaldes por Venezuela. La sentencia también ordena que las policías municipales actúen en el control de las manifestaciones.
“Ciertamente, las policías municipales pueden colaborar en el control de manifestaciones, integrar un segundo o tercer círculo de seguridad, desviar el tránsito de vehículos, indicarle a la gente por dónde pueden caminar. Pero no contamos con los equipos necesarios ni las competencias para contrarrestar manifestaciones, pues componentes de cuerpos de seguridad son capacitados para ellos y cuentan con armas no letales. No se pueden dispersar manifestantes con armas de fuego”, puntualizó el abogado constitucionalista.
Indicó que la Asociación de Alcaldes por Venezuela solicitó a cancilleres de países de UNASUR una reunión para explicar cómo esta sentencia viola el derecho de los ciudadanos de manifestar de manera pacífica. “Vamos a explicarles que esta decisión va contra el pueblo, al igual que la de encarcelar a los alcaldes elegidos en diciembre pasado, Enzo Scarano (San Diego) y Daniel Ceballos (San Cristóbal)”, concluyó Blyde.
