“En vez de un horror, el que un padre o un educador piense en desechar la referida versión de la Constitución (ilustrada con la figura de Chávez), cuyo empleo los convertirá en cómplices de un delito, sería más bien un acto de “legítima defensa”.
Adriana Vigilanza
Algunos censuran la idea de quemar la versión de la Constitución que se ha repartido en escuelas públicas venezolanas, ilustrada con la figura de Chávez, más otros símbolos del “Socialismo del Siglo XXI”. Pero creemos que se trata de un rechazo inducido por el recuerdo del acto nazi del 10 de mayo de 1933, cuando fueron quemados miles de libros, porque sus autores eran socialistas, comunistas, pacifistas y judíos.
Sin embrago, aquí es al revés: han impreso una Constitución que lleva ilustraciones de un expresidente contemporáneo como protagonista, acto que es contrario a la propia Carta Magna, porque ese expresidente representa un proyecto político que se quiere imponer, denominado “Socialismo del Siglo XXI”. De hecho, la Constitución dispone:
“Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador…”
Las “ingenuas” ilustraciones eliminan la igualdad entre las opciones políticas porque ninguna otra cuenta con una herramienta propagandística tan fuerte para moldear mentes en formación y de paso, pagada por el propio Estado. Lo cual nos lleva al “detalle” fundamental: Pagar y repartir esa Constitución ilustrada, con dineros públicos, es un delito, previsto en la Ley Contra la Corrupción, especialmente el 13, que dice:
“Artículo 13. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.
“Adoctrinamiento” es definido en el DRAE (1) como “1. Enseñanza o educación en una doctrina, intentando inculcar determinadas ideas o creencias (…)”. El “intento” o “favorecimiento”, lo más vedado posible porque se sabe que se comete delito, es precisamente a través de las ilustraciones.
Por eso, en vez de un horror, el que un padre o un educador piense en desechar la referida versión de la Constitución, cuyo empleo los convertirá en cómplices de un delito, sería más bien un acto de “legítima defensa”. Y no hace falta quemarla o hacerla pedazos. Puede escoger una opción menos drástica, como escribir al lado de cada ilustración algo así como “esta ilustración viola el Artículo 13 de la Ley contra la Corrupción”. Pero debe quedar clarísimo que ese acto no sería el de un fanático sino, al contrario, el de un padre o educador preocupado por garantizarle a los niños el goce pleno de sus derechos y su dignidad.
Si se quemara un libro con ilustraciones pornográficas, que se pretenda usar en escuelas, por ejemplo ¿sería un fanático el que lo hiciera? El empleo de la figura de Chávez –y el resto de la iconografía del Socialismo del Siglo XXI- en textos escolares, por lo demás, es una especie de pornografía: “Pornografía política”
(1) Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe.
